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Revolución social en Chile: PAC como centro de torturas

Ya cerca de cumplir cuatro semanas del inicio de las movilizaciones, el descontento no ha cesado. Tras el alza de $30 en el Metro de Santiago, se han generado a lo largo del país masivas manifestaciones contra la desigual situación socioeconómica de los chilenos y la agresiva represión por parte de la fuerza policial. La 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda (PAC) es un ejemplo más.. 

Por Paulina Faúndez y Valentina Medina

El domingo 21 de octubre, un estudiante de medicina se encargó  de hacer curaciones a los manifestantes de Pedro Aguirre Cerda, tras siete días de la explosión social que aún vive Chile. Ya entrada la madrugada del lunes, Josué Maureira (21), escuchó gritos de ayuda en el supermercado Santa Isabel que estaba siendo saqueado y fue desde el departamento de su tía hasta donde supuestamente estaría su próximo paciente. Sin embargo, se encontró de frente con Carabineros y fue arrestado.

Luego de cinco días, el joven fue liberado de prisión preventiva en la Cárcel Santiago 1. Lo detuvieron, según el informe policial, por robar trece paños de cocina y tres virutillas del supermercado, y como agravante, se le acusa por agredir a una carabinera. Al constatar lesiones la uniformada tenía heridas y fracturas en sus nudillos, “los tenía así porque le pegó hasta que se cansó a mi hermano”, afirma Dorys Maureira, hermana de Josué. 

Al llegar a la cárcel, un carabinero le da la posibilidad de llamar para avisar su situación al último número que había marcado desde el celular personal de Josué. El número correspondía al de la tía con la que se estaba quedando. “Me están pegando”,  alcanzó a decir el estudiante y de inmediato el funcionario le quitó el teléfono y le explicó la situación a la familia.

Josué fue torturado y violentado sexualmente en la Comisaría 51º de Pedro Aguirre Cerda, según describe en la última publicación en su perfil de Facebook, en la que adjunta fotos de las lesiones y los nombres de tres carabineros que lo agredieron. “Le decían asume que eris maricón y al asumirlo le volvían a golpear. Además como estaba la situación de que le había pegado a la carabinera, le decían que era maricón y que le pegaba a las mujeres”, asegura su hermana.

De esa misma comisaría en Pedro Aguirre Cerda, el estudiante de periodismo Lucas Montalva (23) salió la mañana del 22 de octubre. Fue detenido la tarde anterior por Carabineros de Chile, tras la quebrantación del toque de queda impuesto veinte minutos antes de su retención. Ese día protestó con su polola, Danitza, y unos amigos en la Población Dávila de la comuna. Los dispersó la llegada de fuerzas especiales y a la pareja los acorralaron en un pasaje cercano. Eran ocho carabineros; dos agarraron a Danitza y seis a él. Después de golpearlos con sus lumas, lograron subir a Lucas. La  joven pudo escapar. 

Primero fue llevado a una tenencia y luego a la comisaría. Es ahí, al igual que Josué, donde recibió las agresiones de parte de la institución. “Me desnudaron, golpearon, tiraron agua para limpiarme la sangre y me volvían golpear”, cuenta Lucas, a lo que agrega: “Lo único que pensé era en qué momento me iba a morir, en qué momento me ponen la soga, en qué momento me ponen la capucha en la cabeza para seguir pegándome”. 

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Última publicación hecha por Josué Maureira en su perfil de Facebook. Actualmente tiene sus redes cerradas.
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Post de Instagram de Lucas Montalva contando lo sucedido.

La realidad legal

Chile participa en al menos nueve tratados internacionales de Derechos Humanos, dentro de los cuales el estado debe proteger y prevenir la tortura, penas crueles u otros tratos inhumanos y degradantes a los civiles del país. No obstante, dentro de las legislaciones nacionales, no hay definiciones concretas de lo que significa la palabra tortura.

Según Rodrigo Kong, abogado penalista especializado en derechos humanos, las diferentes comisiones internacionales de esta área describen el hecho de torturar como “un grave dolor o sufrimiento físico o psicológico, por parte de agentes del Estado contra una persona civil bajo su custodia”. En base a tal definición, el profesional indica que lo ocurrido con Josué Maureira y Lucas Montalva, podrían tratarse de delitos de esa índole.

Hematomas y desgarros, frases como “maricón” y “traidor a la patria”, abusos físicos y psicológicos fueron los que recibieron ambos jóvenes dentro de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. A los funcionarios, y la única carabinera involucrada, que se lograron reconocer y son incluidos en las querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), en el caso de Josué responden bajo los nombres de Sebastián Muñoz, Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez.  En el juicio de Lucas es el carabinero Sebastián Alexander Muñoz. Todos en la misma comisaría.

Kong expresa con precisión que “ellos no están facultados para castigar a las personas que están reducidas”, lo que demostraría un incumplimiento de los protocolos asignados para la institución y que podría resultar en “una pena mayor a cinco años en caso de torturas con cárcel efectiva, es decir, es una pena por crimen, no hay derecho a ningún beneficio”.

El pasado lunes 4 de noviembre fue llevado a cabo el juicio que los abogados del INDH y particular buscan hacer justicia para el estudiante de medicina, Josué Maureira. Siempre en compañía de su padre a todo trámite legal, el joven hace un llamado general a que la prensa se contacte con él. Todo ello, mientras debe guardar silencio por recomendación de los defensores de su caso. 

Cómo vivir después

“Necesito ayuda, emocionalmente no me siento bien. Físicamente puedo decir que con el pasar de los días he mejorado. Los constantes dolores de cabeza por tantos golpes es algo que sigo sintiendo y que me trae muy malos recuerdos…”, escribió Lucas Montalva, días después de lo ocurrido en sus redes sociales contando lo ocurrido en la comisaría.

Los Trastornos por Estrés Post Traumático (TEPT) son cuadros que presentan algunas personas después de vivir o presenciar alguna experiencia impactante, peligrosa o violenta, donde se ve amenazada su propia integridad o vio cómo ésta le fue amenazada a un otro(a). Andrea Sosman, psicóloga y perito judicial, señala que las características más recurrentes del TEPT son la aparición de “pesadillas o que durante el dia tengan imágenes repentinas de lo que les sucedió. Angustia, ansiedad y temor a salir”.

 

Montalva, actualmente no se encuentra con tratamiento psicológico. Dice querer enfocarse primeramente en que se haga justicia con su caso. Distinto es el caso de Josué, a quien el propio INDH le asignó a un psicólogo y psiquiatra, a quienes visita semanalmente.

Dorys afirma que su hermano se encuentra con un “switch de contarle a todo el mundo lo que le pasó. Según lo que nos dijo el psicólogo es que cuando la persona sufre estrés post traumático hay dos tipos; uno que reacciones no contando nada y el otro es hiperventilando el tema. Mi hermano pasa por esa última etapa”. Añade además que pasa poco en casa, busca refugios constantes donde puede contar su relato. 

 

Para Sosman, este mecanismo “es una forma de elaborar la historia, de entenderla. Contarla a otros y que le digan  ‘qué terrible’ y logren empatizar. En ese sentido, la agresión puede tener perfectamente ese tipo de repercusión”, enfatiza la terapeuta. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en concordancia con las Naciones Unidas, en Chile todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona,  tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguno de estos tres artículos han sido respetados con Lucas, Josué, y con ninguno de los chilenos que ha salido a manifestarse y defender sus derechos a las calles.

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PPD exige renuncia de Salaberry tras altercado en Ñuñoa y posible tráfico de influencias

Luego del escándalo protagonizado por el actual Subsecretario de Desarrollo Regional en la comuna de Ñuñoa, desde el PPD se revelaron nuevos antecedentes del caso, además de las prácticas de la hermana de la autoridad de gobierno en el municipio. Por otro lado, el gobierno y la UDI lo respaldaron. 

Por Mariana Meza L. y Nicolás Espinosa G.

La mañana de este viernes el PPD salió a entregar su apoyo a los funcionarios municipales de la comuna de Ñuñoa y exigió la renuncia del Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Esto a raíz del altercado protagonizado por el ex diputado de la UDI el pasado domingo 25 de agosto al violar la Ley de Tránsito y no respetar tres luces rojas, además de insultar al fiscalizador municipal que le cursó la infracción.

El Subsecretario Salaberry, quien tiene vínculos dentro del municipio al tener a su hermana Iris trabajando ahí, recibió el apoyo del gobierno, negó lo sucedido e incluso aseguró no tener auto.

A la sede del PPD llegaron la concejala de Ñuñoa y presidenta de la Bancada de Concejales del partido, Pamela Hidalgo, y el Secretario General de la bancada, Sebastián Vergara. Hidalgo comentó las preocupaciones de los funcionarios de la municipalidad Ñuñoa y con respecto al trabajador encarado por Salaberry dijo que “el director de seguridad pública le impidió conversar conmigo”. 

Agregó también que los trabajadores “son personas que no ganan ni un décimo de lo que puede ganar un Subsecretario de la República y hoy día se sienten absolutamente amedrentados”. 

Por su parte, el Secretario General del partido, Sebastián Vergara, también solidarizó con los funcionarios, criticó el apoyo del gobierno a Salaberry y exigió su renuncia al cargo con el fin de “no enlodar la impronta que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”. También manifestó que si eso no ocurre le exigirán su “renuncia inmediata” al presidente Piñera. 

Cabe recordar que, según el reportaje publicado por Radio Biobío, el Subsecretario Salaberry tomó contacto con su hermana Iris luego del incidente, quien trabaja en las dependencias de la municipalidad, con el fin de tratar de evitar la infracción. Debido a esto, la Fiscalía abrió ayer una investigación por tráfico de influencias en contra de la autoridad para determinar la responsabilidad de la funcionaria municipal.

“Los sumarios indican que la señora Iris Salaberry en el año 2017 fue acusada por dos personas de cobros indebidos en las ferias de emprendedores”, aseguró Pamela Hidalgo. 

El apoyo del oficialismo y la UDI

Este mediodía se realizó en la sede de la UDI un punto de prensa, donde los concejales Óscar Aguilera y Julio Martínez, acompañados del Secretario General del partido, Jorge Fuentes, entregaron su apoyo al Subsecretario en nombre del partido.

Pese a los cuestionamientos, el gobierno decidió mantener al Subsecretario Salaberry en su cargo. Según publicó Emol, la Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que “él sostiene que todos los hechos relatados carecen de veracidad, por lo tanto serían hechos falsos”.

En el partido aseguraron que el hecho se trata de un aprovechamiento político y que “se quiere hacer uso en un caso que no va más allá de una infracción de tránsito”, dijo el concejal Martínez. 

Por su parte, desde La Moneda le pidieron al Subsecretario que se ponga a disposición de la justicia. Andrés Chadwick, ministro del Interior, pidió que la Fiscalía “actúe con la mayor prontitud posible” para resolver el caso, según consignó Emol.

Quien también reaccionó fue Jacqueline Van Rysselberghe (UDI). La presidenta del partido salió a defender a Salaberry por el supuesto tráfico de influencias y arremetió contra la Fiscalía al decir que “aparece como un brazo armado de la izquierda chilena”. 

Coordinadora No+AFP y la CUT se alinea con profesora que arrincona al sistema de pensiones

María Angélica Ojeda, docente jubilada que demandó a su sistema de pensiones, se reunió con Luis Mesina y Bárbara Figueroa para entregar sus impresiones de la renuncia del presidente de la Asociación de AFP y el fallo del Tribunal Constitucional en su caso. Además, se anunció una nueva movilización nacional para el próximo domingo 06 de octubre.

Por Javier Machuca

Este viernes el movimiento NO+AFP convocó a los medios de comunicación tras  el escándalo que envolvió  a Andrés Santa Cruz, ex presidente de la Asociación de AFP con María Angélica Ojeda, profesora jubilada que busca retirar sus fondos de pensiones y que demandó a Cuprum.

Luego de que el líder del gremio criticara con polémicos dichos a la docente por su petición, Santa Cruz presentó su renuncia al directorio mediante un comunicado emitido el jueves 26 de septiembre.

“Que metan el dedo en la boca y que además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho”, fueron las declaraciones de Santa Cruz hacia Ojeda y que lo obligaron a dar un paso al costado.

La docente, que también es dirigente de la provincia de Antofagasta en la Central Única de Trabajadores, habló en representación del colectivo contra el sistema de pensiones junto Luis Mesina, vocero de NO+AFP y Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT.

“Nuestro objetivo es poner en el debate cómo se generan nuestras pensiones, como miles de pensionados en Chile viven de forma miserable. Como movimiento político NO+AFP queremos mostrar que los chilenos no pueden recurrir a sus propios fondos que les sacaron a través de sus años laborales”, explicó María Ojeda.

“Se ha generado una expectativa sobre el tema de sacar los fondos, pero nosotros estamos cuestionando la seguridad social, porque el Estado no la garantiza. Hoy en día, miles de personas tienen pensiones de 80 mil pesos, bordeando la línea de la pobreza”, agregó.

Fallo judicial

María Ojeda demandó a AFP Cuprum para  recuperar los 46 millones de pesos que reunió a lo largo de su vida para así pagar su crédito hipotecario. Luego de algunas deliberaciones, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió mandar el caso al Tribunal Constitucional.

En esa línea, Luis Mesina habló de la resolución del juicio esperando que se esclarezca la situación. “El fallo es tremendamente importante para el mundo del trabajo”, aseguró.

“Ningún trabajador, trabajadora, organización sindical se ha manifestado a favor de las AFP. Sin embargo, hemos visto al Ministro del Trabajo, al superintendente de Pensiones cerrando filas tras este sistema espurio que tiene condenado a la mayoría de los chilenos”, explicó el vocero del movimiento NO+AFP

Debate en el Congreso

Bárbara Figueroa aprovechó para hablar del actual debate que existe en torno del sistema de pensiones y la reforma que se discute en el Congreso. En esa línea, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores aseguró que el fallo del TC es clave a la hora de reestructura el punto de discusión.

 “Este hecho ha puesto en jaque a los diputados que hoy están tramitando esta reforma”, aseguró Figueroa, que también criticó la posición de la DC en este debate.

“No apoyamos la indicación de la Democracia Cristiana que busca poner paños fríos en esta discusión incorporando una indicación que permita que los trabajadores en estado de excepción puedan retirar sus fondos”, explicó Figueroa, asegurando que este sistema  debe ser reestructurado de cero.

Además, la coordinadora y la CUT convocaron a una marcha nacional para manifestarse en contra del sistema de pensiones actual para el próximo domingo 06 de octubre.

Revisa las cifras que entregó la SBS de Perú sobre su sistema de pensiones 

 

Inesperado vuelco: Carabinero que disparó a supuesto delincuente no actuó en legítima defensa

El uniformado, que por estos días se encontraba de vacaciones, disparó a la víctima que utilizaba una chaqueta del mismo color con la que se encontraba el sujeto que entró a la casa de sus padres. La legítima defensa fue totalmente descartada y el imputado deberá permanecer en prisión preventiva los 90 días que dure la investigación. 

Por Paula Cisternas y Josefina Zegers.

A las 4:30 de la madrugada del pasado jueves 26, el carabinero Cristopher Leonardo Vera Muñoz (26) disparó a un civil, tras el robo frustrado del vehículo de sus padres en el sector norponiente de Santiago, en la comuna de Cerro Navia. La defensoría legal del uniformado señaló que el homicidio se habría realizado en legítima defensa, lo que finalmente gracias al trabajo de la Fiscalía se desmintió esta mañana en el control de detención. 

Los testimonios y las imágenes captadas por una cámara del sector lograron demostrar que la versión que entregó el uniformado a la policía era incorrecta y que finalmente la  persona que había sido reconocida por el carabinero como culpable era errónea ya que no cumplía con la descripción básica entregada por los vecinos. Según los testigos, el asaltante que habría intentado robar el vehículo tenía una chaqueta roja ancha y una barba negra. Con estas indicaciones, Vera fue a buscarlo por cuenta propia. 

Según las imágenes mostradas por la defensa de la víctima, la persona que habría sido confundida por Vera, coincidía con la chaqueta roja. Sin embargo, esta tenía líneas azules y el hombre, no tenía barba. Tras la investigaciones preliminares del confuso caso, la víctima de 39 años, era un vecino del sector y en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol caminando en dirección a la casa del uniformado. 

Precisamente en la calle Los Retamos ocurrió el altercado donde el carabinero se bajó de su vehículo y realizó dos disparos en el tórax del hombre, provocando su muerte en el lugar.

Formalización

Según palabras del fiscal a cargo del caso, Fernando Ruiz “no fue legítima defensa ya que no cumple con las características de ésta”. Y cómo explicó posteriormente al control de detención, esto no tenía sentido ya que Vera dio muerte al civil diez minutos después del robo. Además, el disparo se efectuó en la vía pública y finalmente, existía una clara desproporcionalidad en las armas que se utilizaron para el enfrentamiento. En este caso el carabinero portaba un arma de fuego debidamente inscrita y la víctima no tenía arma alguna.

Tras la exposición de las pruebas por parte de la Fiscalía, la defensa del imputado decidió enfocar sus alegatos a la intachable conducta de Vera como carabinero durante los dos años de servicio en la Tercera Comisaría de Antofagasta. Además, también destacaron su irreprochable conducta anterior como civil y finalmente solicitaron arresto domiciliario durante el tiempo de investigación, o bien en alguna comisaría exclusiva de Carabineros. 

Finalmente, el juez a cargo del caso dictaminó que efectivamente no existía legítima defensa en el caso de Vera y que por el contrario debía ser juzgado por el delito de homicidio simple. El carabinero deberá cumplir prisión preventiva de 90 días mientras dura la investigación y arriesga como mínimo 10 años de cárcel.

Según el abogado penalista Arturo Fuenzalida, la defensa del imputado podría utilizar como recurso principal, que la acción cometida por el funcionario de Carabineros fue realizada bajo un dolo eventual. “No fue con la intención de matar, pero él sabía el resultado que podría tener su acción, sin embargo igual la comete”, explicó el abogado.