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El rol de los abogados: La única justicia en el estallido social

Imagen de El Diario 24
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Múltiples denuncias de violencia desmedida, acoso sexual e incluso torturas por parte de la policía chilena han hecho que el trabajo de los abogados sea fundamental en el actual contexto de manifestaciones sociales que vive Chile. Es por esto que se han unido en organizaciones como Abofem, la Defensoría Jurídica, entre otros para abogar por los derechos de los denunciantes. 

Por Paula Cisternas, Josefina Ramírez y Josefina Zegers

Más de 2 meses han transcurrido ya desde que comenzó el denominado ‘estallido social’. La violencia que ha surgido por parte de las instituciones del Estado han prendido alarma en diversos organismos tanto internacionales como nacionales. Más de 350 casos de víctimas de lesiones oculares han perdido sus ojos. Dos casos de personas que han perdido total visión y 22 fallecidos a manos de las policías chilenas es el balance que ha alarmado a Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso la ONU. 

Los abogados en Chile, al igual que en la dictadura, se han organizado para poder dar frente a los posibles incidentes que han surgido con el frenesí que se vive en el Chile actual. Las redes sociales han sido otro factor importante de denuncia, donde los mismos manifestantes han logrado masificar los casos de abuso de poder y violencia extrema, para que no queden en la impunidad. 

Ramón Corvalán con Alameda: Punto clave de las  detenciones de la Defensoría Jurídica de la UCH

El sábado 19 de octubre comenzó a existir la denominada Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Un grupo de abogados, académicos y estudiantes de derecho de distintas universidades se convocaron para dar frente al escenario que comenzaba. Sebastián Infante, estudiante de cuarto año de Derecho UChile y voluntario de la Defensoría Jurídica, cuenta que cientos de las denuncias que les han llegado son de balines recibidos en esta esquina. El joven califica esta cuadra como la más peligrosa de Santiago en este contexto, que parece haber sido afectado por un terremoto. Lo que solía ser un icónico McDonalds, hoy está completamente blindado por latas. Frente a eso, la tienda de motos Yamaha fue brutalmente saqueada. Así es el escenario a una cuadra de la denominada Plaza de la Dignidad.

Existe un equipo de comisarías, donde observamos que las condiciones y el trato fueran los debidos y correspondientes. Asesoramos a los familiares de los detenidos, que están asustados y preocupados, o también gente que fue víctima de violencia desmedida y que quería denunciar”, cuenta Sebastián sobre la creación de la Defensoría. También se han encargado de llevar un catastro propio de la cantidad de detenidos en las comisarías. “Creamos un catastro de personas detenidas para tenerlo como referencia, para tener una cifra clara en un momento en que la información era muy confusa”, cuenta Sebastián, ya que la información llegaba de los voluntarios de más de 60 comisarías en Santiago. 

Desde un primer momento, han recibido apoyo de distintas organizaciones y fundaciones, como la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), el espacio Londres 38, la Fundación La Casa Común, entre otras. 

Rayen Rodríguez: Abogada de la periferia

Eran las 18:49 del 21 de octubre del 2019, Matias Saldivia se encontraba en la plaza de Buin protestando junto a su familia y amigos cuando se dio cuenta que un carro policial se acercaba al lugar. Entre euforia y rabia, su impulso lo motivó a él y a mucha de la gente que estaba en el lugar a increpar a los efectivos policiales para que se alejaran del lugar. Luego de los alegatos retrocedieron, pero bastó un par de minutos para que Saldivia se diera cuenta de lo que estaba por pasar. Carabineros y sus armas volvían a estar cerca del lugar, repartidos en tres puntos claves una bomba lacrimógena dio la partida para un inesperado escenario lleno de miedo y sangre. A quemarropa fueron lanzados los primeros perdigones, Saldivia vio como lo apuntaban a la cabeza y en cosa de segundos sintió un disparo en el entrecejo. 

“El impacto se sintió como un fierro caliente, sentí mucho miedo por que no conocía el arma con la cual me dispararon, y pensé que mi vida corría peligro, tengo una hija pequeña, y sentí pánico de que quedara sola. Abrí los ojos y sentí la frente muy caliente e hinchada, uno de los manifestantes, al ver mi estado me ayuda a llegar hasta el escenario, en ese lugar me siento en el suelo, acto seguido la frente se me revienta, cae un gran chorro de sangre, ejercí presión en el área, producto de lo cual el perdigón sale desde mi frente. Dos personas que ahí se encontraban me ayudan a llegar caminando hacia el Hospital San Luis de Buin”.

Luego de recibir curaciones menores, se dirigió a la 15° Comisaría de Buin para hacer la denuncia correspondiente. Recibió burlas, humillaciones e incluso amenazas de parte de carabineros por haber ido en horario de toque de queda a exigir que se escucharan sus declaraciones. Saldivia asegura que igualmente realizó los trámites en el INDH y declara que cree poder reconocer al carabinero que le disparó si lo volviera a ver. Carabineros prohibió el acceso a la lista de detenidos del lugar y les recomendaron buscar a través de Transparencia Activa. 

Este fue uno de los casos que llevó Rayen Rodriguez y el Piquete Jurídico de Buin a los tribunales para realizar una querella criminal contra la institución. “Hay muchas historias que nos han dejado tristes, ver la violencia sistemática en la comuna ha sido chocante, perturbador. Escuchar de los relatos de varias de las personas que habían sido detenidas, te cuentan que los amenazaron con matarlos y tirarlos al río” cuenta la joven abogada. Asegura que los desnudamientos irregulares son una práctica general. Recibieron heridos por disparos de perdigones a quemarropa “por el gusto de ejercer poder y violencia, que quiero creer que la gente que los realiza está bajo el efecto de alguna droga, porque creo que nadie en sus cinco sentidos haría algo así” señala Rayen.

La egresada de Derecho de la Universidad Católica gestó esta organización con el fin de ayudar a sus vecinos y combatir la impunidad que se normaliza en comunas periféricas, sobre todo a raíz de la violencia ejercida durante el estallido social. El Piquete Jurídico de Buin está conformado por estudiantes de derecho, egresados y abogados con años de experiencia, unidos en la misión de que dejen de atropellar los derechos humanos de sus amigos, conocidos y vecinos de la comuna. 

El modus operandi comenzó yendo a comisarías a buscar personas detenidas y así poder orientarlas legalmente, pero esta acción se hizo cada vez más difícil en la comuna ya que carabineros obstaculizó el acceso a la información pública, menos que se aclarara para que cliente particular iban al recinto policial. Es por eso que decidieron comenzar a hacer encuestas para saber quienes habían sido afectados por la represión policial y así ayudarlos con las querellas respectivas, además dejaron sus contactos de forma pública en las manifestaciones de la comuna para que de esta forma la gente se comunicara con ellos si veía una detención irregular o ilegal.

Joaquín Olivos: la defensa y primeros auxilios en las manifestaciones

El día 21 de octubre Joaquín Olivos, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, salió a la calle directamente a la Plaza de la Dignidad. Su intención era la misma que hace un año: asistir a heridos por parte de la represión policial. Sin embargo, ocurrió algo que jamás pensó, en la intersección de las calles Av. Providencia con Av. Salvador, aproximadamente a las 16:15 horas, un impacto de perdigón llegó a su pierna izquierda disparado por un militar del Ejército de Chile. Ahí fue asistido por un grupo diverso de jóvenes que hacían lo mismo que él. “Ellos me llevaron a la FECh, donde estaba instalada la Brigada de Salud FECh, y así comenzamos a salir todos los días juntos. Posteriormente, esto se transformó en Movimiento Salud en Resistencia (MSR)”.

Joaquín, también es parte de la Defensoría Jurídica de su casa de estudios. Desde los comienzos del estallido social salió a las comisarías, específicamente a la 3ª Comisaría ubicada en Santiago Centro, junto a sus compañeros para asistir a los detenidos en las manifestaciones. “Se formó una comisión comisarías para darle una estructura más sólida al trabajo, además de poder coordinar de forma más adecuada”, cuenta el estudiante.“Mi propósito es ser útil en la lucha por la dignidad. Mientras haya injusticia, habrá rebelión. Mientras exista una lucha por la dignidad, serán necesarios los defensores de DDHH y equipos de respuesta sanitaria”, asegura Joaquín. Actualmente, Joaquín además de formar parte de MSR, se encarga de observar todas las detenciones que puede en las cercanías de la Zona Cero, de esta forma actúa como testigo de cada una de ellas para posteriormente ayudar a las personas que son detenidas con exceso de fuerza o injustamente.

Derechos humanos en estado de emergencia

A casi un mes desde el inicio de las manifestaciones ciudadanas, diversas instituciones han velado por el resguardo de los derechos humanos. Estas mismas han publicado elevadas cifras de personas heridas, torturadas e incluso violadas en distintas regiones del país.

Por: Catalina Marconi y Nicolás Urquiza

Performance en nombre de las personas fallecidas por delitos comunes realizada en el frontis del Gam el 4 de noviembre.
Performance en nombre de las personas fallecidas realizada el 4 de noviembre.

El día miércoles 23 de octubre Estefani Carrasco, Alfredo Sanhueza y Patricia Torres, tres periodistas de Arica, fueron detenidos por Carabineros. Eran pasadas las 22.00 horas, comenzaba el toque de queda y fueron trasladados a la Tercera Comisaría de esa ciudad. En el lugar, procedieron a realizarles una inspección de cuerpo completo. Les pidieron todos sus objetos para revisarlos y que se quitaran sus prendas. “Me hizo sacarme los pantalones, los revisó y me pidió que hiciera sentadillas”, relata Carrasco.

Ellos no sabían que el desnudamiento no era parte del procedimiento dentro del protocolo de Carabineros, ni que el hecho está tipificado como tortura. Fue dos días después, tras hablar con funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se dieron cuenta y, en conjunto, interpusieron una querella por tortura. Según cifras de esta institución, ya van más de 300 acciones judiciales por vulneración a los Derechos Humanos presentadas en favor de 472 víctimas en todo el país. 

ESTADO DE EMERGENCIA 

A partir del 19 de octubre hasta el 27 de ese mismo mes, 15 de las 16 capitales regionales del país estuvieron bajo estado de emergencia, con fuerzas militares desplegadas en las calles para controlar el tránsito de las personas bajo toque de queda. El primer reporte realizado por el INDH, desde que se implementó el estado de emergencia, indica que hasta el 21 de octubre habían 1420 personas detenidas y 84 heridos por armas de fuego. Víctor Hugo Lagos, jefe de la zona norte del INDH, dice que “Carabineros no ha estado respetando los protocolos del uso de la fuerza en el contexto de la manifestación”.

El abogado familiar y laboral, Eduardo Aguirre, explica los derechos humanos como aquellos “derechos que la comunidad internacional ha convenido en que son iguales para cualquier persona por el solo hecho de ser persona”. La Constitución solo reconoce esos derechos, pero para poder ser garante de estos es necesario un recurso judicial, como los recursos de amparo, que protegen la libertad de derecho individual. “Es por esto que hablamos de principios y no de garantías constitucionales. Si ese derecho no tiene un vehículo con el cual poder exigir su cumplimiento, no es garantía”, afirma Aguirre.


El INDH está a cargo de observar la función policial en el contexto de una manifestación, no de la observación de los manifestantes. Lagos explica que los y las funcionarias están presentes en manifestaciones, y durante las noches van a hacer el recuento de detenidos y/o heridos a comisarías y centros de salud pública. La ley del instituto les permite ingresar a recintos donde haya personas detenidas o que tengan indicios de que las haya.

“Tenemos la facultad de ingresar a los calabozos de las comisarías, incluso a los buses de Fuerzas Especiales que están en la calle”, constata el jefe de la zona norte del INDH. Comenta que es en el contexto de alguna detención donde se pueden generar violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros. 

Sobre el INDH, el abogado señala que es un organismo público, autónomo y con financiamiento propio. “Es un sistema binominal: hay cuatro de derecha y cuatro de la Concertación”, afirma.

USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA

El martes 5 de noviembre, funcionarios de Carabineros ingresaron al Liceo 7 Teresa Prats para escoltar a la directora Denise Berenguela fuera de las dependencias. Las alumnas estaban evaluando la posible toma del establecimiento cuando vieron al personal de Fuerzas Especiales yendo a sacarlas del lugar. 

Javiera García, presidenta del Centro de Alumnas del Liceo 7, cuenta que escucharon disparos y fueron a increpar a los funcionarios de Carabineros. La respuesta fueron disparos de perdigones por parte del mayor de Carabineros, Humberto Tapia, quien dejó a dos alumnas heridas. Durante los 180 días que dure la investigación, el funcionario de Carabineros estará con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas, al Liceo 7 y la 4º Comisaría de Santiago.

Tras el hecho ocurrido en el Liceo, Patricia Muñoz, Defensora de la niñez, afirmó a diversos medios que se vulneraron los derechos humanos de las alumnas y que se presentó una querella en contra de la directora del Liceo. 

Ante la violación a los derechos humanos en el país, el abogado sostiene que “hay indicios que me llevan a afirmar que efectivamente se están violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas. No es casual que Carabineros empezara a usar perdigones, se les diera un bono del 30% de su sueldo y que tengamos más de 200 personas con daño ocular en Santiago”.

Sobre esto, Víctor Hugo Lagos comenta que “no es posible descartar ahora que no sean sistemáticas, porque cuando las investigaciones arrojen resultados, veremos si los son”.

Esta no es primera vez que un manifestante pierde un ojo producto de un disparo de Carabineros. En 2013 Enrique Eichin participaba de una manifestación estudiantil cuando fue impactado en su ojo derecho por una bala de paintball disparada por Carabineros. La institución implementó este tipo de armas afirmando que no son letales y que al explotar en un manifestante, este queda marcado y es más fácil identificarlo. Enrique perdió la visión de su ojo derecho. Finalmente, la institución decidió prohibir el uso de este tipo de armas.

TORTURAS EN ARICA 

Desde el Colegio de Periodistas de Arica se había anunciado que no era necesario portar salvoconducto para trabajar pasado el toque de queda, y que con la credencial del medio o con la del Colegio bastaba. Sin embargo, eso no fue suficiente y Estefani, Alfredo y Patricia fueron detenidos. Tras negarse a entrar al vehículo de Carabineros, argumentando que estaban trabajando, Carabineros les dieron dos opciones: comisaría o calabozo, y que iba a ser peor el calabozo, según los uniformados, cuenta Alfredo. Así, los tres fueron dirigidos a la comisaría.

Margarita Pastene, Presidenta del Colegio de Periodistas, comenta que en general no se han respetado las credenciales ni del medio, ni del Colegio y que en las comisarías “se pusieron muchos obstáculos para los salvoconductos para periodistas”. Comenta que el caso de Arica está en tribunales y que ya se denunció este y otros casos a organismos internacionales. 

Durante el trayecto hacia la comisaría Estefani mandó un mensaje por Whatsapp al Colegio de Periodistas de Arica. “Ellos se encargaron de hacer la gestión para poder aclarar la situación y es por eso que nosotros alcanzamos a estar alrededor de 15 a 20 minutos en la comisaría”, narra Alfredo. Gracias a esa gestión fueron liberados y les hicieron firmar un libro para constatar lesiones. A pesar de lo ocurrido, los periodistas firmaron asegurando que no tenían lesiones, ya que en esos momentos sólo querían irse lo más pronto posible, según Estefani.  

Tras encontrarse en el lugar con funcionarios del INDH, los periodistas les contaron lo sucedido, sin mencionar los desnudamientos, producto de su desconocimiento frente al protocolo de Carabineros. Sin embargo, al volver a conversar con ellos dos días después, desde el INDH “nos dijeron que eso no correspondía. La detención, revisión y todo lo que fue el encierro, no corresponden”, cuenta Alfredo.

Sobre esto, el abogado afirma que el desnudar a detenidos “es tortura, porque no hay ningún protocolo que diga que hay que desnudar a las personas que están detenidas. Ninguno. Es tortura sin lugar a dudas”.

Página 3 del Diario Oficial del 4 de marzo de 2019, referido a la actualización de instrucciones respecto al uso de la fuerza por parte de Carabineros.

Carteles en paredes de Vicuña Mackenna el 28 de octubre.

PRENSA Y GOBIERNO 

Sobre la violación a los derechos humanos, Estefani afirma que  “la vulneración de estos derechos es algo que cambia totalmente a un ser humano. Te quitan parte de tu personalidad”. Frente a lo mismo, dice que la reacción de los medios ante estos hechos ha sido lenta.

La periodista señala que los medios se han enfocado más “en cosas materiales como los saqueos, las quemas de los supermercados, y creo que tiene que ver con cómo ha reaccionado el mismo gobierno, porque ellos también se han centrado más en el “vandalismo” que en las vidas de las personas”. 

El abogado asegura que la protesta social siempre ha sido criminalizada. “En la movilización de los estudiantes universitarios del 2011, Carabineros torturó y asesinó a jóvenes. Pero la política del gobierno de turno siempre fue decir que esto es un hecho aislado”, observa. 

En cuanto a la forma en que la prensa ha cubierto el estallido social, la Presidenta del Colegio de Periodistas argumenta que “hay una crítica ciudadana a los medios por la tendencia informativa, que ha puesto foco en los desmanes, saqueos y no en el actuar de la fuerza pública que ha violado los derechos humanos”.