Francisco Fuenzalida: el alguacil frustrado que es investigado por homicidio de manifestante en Curicó

La noche del 21 de octubre quedó en los registros del estallido social luego de que José Miguel Uribe (25) recibiera un impacto de bala en su tórax, que horas más tarde le provocó la muerte. En una primera etapa, los informes de la fiscalía a cargo arrojaban que el joven había sido víctima del actuar de un personal del Ejército, sin embargo, con el avance de las investigaciones se descartó esa posibilidad. Es así como se puso la mirada en otro sospechoso, Francisco Fuenzalida Calvo (60), empresario que está lejos de ser un representante de las Fuerzas de Seguridad Nacional, pero que simpatiza con sus ideales.

Por Pedro Thies Paredes

Francisco José Fuenzalida Calvo (60) conduce por la Ruta 5 Sur su camioneta roja marca Toyota modelo Hilux. Es la noche del 21 de octubre y en pleno toque de queda las primeras manifestaciones del estallido social retumban en todo el país. A la altura del kilómetro 187, lugar donde se encuentra uno de los accesos a Curicó, Fuenzalida Calvo se encuentra con un grupo de personas que cortan el camino en señal de protesta.

Uno de ellos es José Miguel Uribe Antipani (25), trabajador de una construcción ubicada a 10 km de la ciudad. Segundos después, se escucha el sonido de varios impactos de bala- al menos tres o cuatro según relato de testigos- que posteriormente enmudecen la carretera. En un pestañeo, el puñado de personas que se encontraba movilizándose junto a Uribe, acude a socorrer al joven que yacía en el suelo sangrando con un impacto de bala de 9mm en su pecho. Las lesiones causadas fueron tan graves y mortíferas que de haber recibido una asistencia médica oportuna y eficaz, de todas formas no hubiese sobrevivido, así lo consignó el informe perito.

Minutos antes, el hombre había repetido una escena similar, luego de que también efectuara disparos en el sector de Alameda de la ciudad de Curicó. En esa instancia, hirió en su muslo izquierdo a Nicolás Francisco Espinoza (23), Ricardo Andrés Solís Opazo (26) en su brazo izquierdo y a Miguel Andrés Ayala Salinas (26), a quien le produjo un trauma torácico.

El caso rápidamente se masificó a través de redes sociales. Con el transcurso de las horas cada vez se daban a conocer más detalles de un homicidio ocurrido en Curicó, presuntamente perpetrado por un militar del Ejército. Frente a esto, la figura de José Miguel Uribe se transformó en mártir como una de las primeras víctimas del Estado luego del 18 de octubre. Uno de los principales sospechosos del asesinato fue Juan Carlos Jesús Reyes Araneda (26), cabo segundo del Ejército, quien en el lugar de los hechos descendió de un bus que transportaba contingente militar y realizó dos disparos desde un fusil, uno a fogueo y otro con munición de guerra, este último habría impactado a Uribe.

Sin embargo, el 11 de diciembre el caso dio un vuelco en el Juzgado de Garantía de Curicó, dado que Reyes quedó en libertad luego de que el Ministerio Público retirara cargos en su contra. Tras esto aparecería un civil como principal sospechoso: Francisco José Fuenzalida Calvo, a quien se le acusa de homicidio, porte ilegal de arma y daños– hacia un vehículo particular producto de los impactos de bala-.

Una vida ligada a la agricultura

Francisco José Fuenzalida Calvo es hijo de Gastón Fuenzalida Navarrete y María Cristina Calvo Navarrete, y el tercero de seis hermanos. Pese a que nació en Santiago, la mayor parte de su niñez y adolescencia la vivió en Curicó. Según cuentan cercanos, su familia es conocida en el sector ya que durante décadas se han dedicado a la industria agrícola, destacando en la producción de choclos. El empresario tiene vínculos con al menos tres sociedades: Inversiones FFC Limitada; Constructora Fuenzalida Limitada y Transportes Git Limitada. Además, es propietario de Fullmaq, compañía dedicada a la prestación de maquinaria pesada, donde Viña Concha y Toro y Viña Santa Rita se encuentran entre sus clientes destacados, según informa su sitio web.

“Pese a que Francisco proviene de una familia que siempre tuvo buena situación económica, siempre lo encontré humilde y acogedor. Aunque venía con frecuencia a Santiago, se notaba que su vida estaba en el campo. Me acuerdo que en los años 70 conducía una camioneta bien descuidada, a él no le importaba andar bien vestido y esas cosas, sino que con su campo estaba feliz”, recuerda una ex pareja del empresario en su juventud.

Cabe destacar que Óscar (59), uno de los hermanos de Fuenzalida Calvo, es dueño de las cadenas de comida rápida Doggis, Mamut y Juan Maestro, e hizo noticia porque en mayo de 2017 increpó en un avión al senador Guido Girardi a quien le dijo “eres lo más nefasto que le ha pasado a este país. Sale de la política, le vas a hacer un favor a la patria”.

Fuenzalida Calvo también es simpatizante del Círculo de Amigos de Carabineros, organización civil que tiene como objetivo colaborar con el personal uniformado. “Participó de dos reuniones y estuvo muy interesado en ser alguacil (nombre que reciben los miembros), pero no llegó a ningún término positivo porque justo ocurrió el accidente. No figura como personal activo ni siquiera como postulante”, comentó Lorena Cuadra, de la secretaría del Círculo Mayor.

Juicio hermético

Tras el vuelco, desde el Juzgado de Garantía de Curicó optaron por estudiar el caso lo más detallado y hermético posible, dado que no quieren presenciar otro giro inesperado. Es por esto que los fiscales a cargo del caso, Miguel Gajardo y Jaime Rojas, dictaminaron seis meses de prisión preventiva– periodo que durará la investigación- para Francisco Fuenzalida, quien se encuentra en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral.

Así también lo confirmó el ex fiscal Carlos Gajardo, quien ahora forma parte del bando querellante. “Evitaré referirme al litigio porque se trata de un caso penal que involucra un delito grave como lo es un homicidio, en este tipo de casos los avances de una investigación tienen que tratarse de forma más privada”, dijo el abogado.

En tanto a la sentencia que arriesga el imputado, David Vásquez, jurista penalista de Lex Juicios, adelantó que, pese a que hay una investigación en curso, “habría que distinguir si la persona actuó en dolo o malicia, pero revisando los antecedentes esto calza con un homicidio calificado que podría tener penas desde los diez años con un día- con opción libertad en la mitad del periodo- hasta cadena perpetua. En el caso del porte ilegal de armas estamos hablando de una sentencia de entre tres años y un día a diez años y un día”.

“En tanto a los daños de bala hacia el vehículo particular, si la fiscalía no encuentra otra arista en el caso, se trataría de un tema civil, y lo más probable es que se sancione con el pago de los daños provocados”, agrega.

Palabras desafortunadas

El miércoles 25 de diciembre se viralizó una entrevista del presidente Sebastián Piñera al medio CNN en español. El diálogo dejó varios tópicos como por ejemplo, los dichos del mandatario donde manifiesta que “muchos de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Varios de ellos son falsos, ya que son filmados fuera de Chile, o son tergiversados”.

A su vez, el jefe de Estado también se refirió a la muerte de José Miguel Uribe en Curicó, todo esto luego ser consultado sobre Juan Carlos Reyes, militar que en un inicio era el supuesto autor del homicidio. Sin embargo, sobre el nuevo sospechoso el mandatario entregó una versión muy distinta a la del Ministerio Público, dado que no se refirió a Francisco Fuenzalida sino que atribuyó el delito a una “banda rival”.

Derechos humanos en estado de emergencia

A casi un mes desde el inicio de las manifestaciones ciudadanas, diversas instituciones han velado por el resguardo de los derechos humanos. Estas mismas han publicado elevadas cifras de personas heridas, torturadas e incluso violadas en distintas regiones del país.

Por: Catalina Marconi y Nicolás Urquiza

Performance en nombre de las personas fallecidas por delitos comunes realizada en el frontis del Gam el 4 de noviembre.
Performance en nombre de las personas fallecidas realizada el 4 de noviembre.

El día miércoles 23 de octubre Estefani Carrasco, Alfredo Sanhueza y Patricia Torres, tres periodistas de Arica, fueron detenidos por Carabineros. Eran pasadas las 22.00 horas, comenzaba el toque de queda y fueron trasladados a la Tercera Comisaría de esa ciudad. En el lugar, procedieron a realizarles una inspección de cuerpo completo. Les pidieron todos sus objetos para revisarlos y que se quitaran sus prendas. “Me hizo sacarme los pantalones, los revisó y me pidió que hiciera sentadillas”, relata Carrasco.

Ellos no sabían que el desnudamiento no era parte del procedimiento dentro del protocolo de Carabineros, ni que el hecho está tipificado como tortura. Fue dos días después, tras hablar con funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se dieron cuenta y, en conjunto, interpusieron una querella por tortura. Según cifras de esta institución, ya van más de 300 acciones judiciales por vulneración a los Derechos Humanos presentadas en favor de 472 víctimas en todo el país. 

ESTADO DE EMERGENCIA 

A partir del 19 de octubre hasta el 27 de ese mismo mes, 15 de las 16 capitales regionales del país estuvieron bajo estado de emergencia, con fuerzas militares desplegadas en las calles para controlar el tránsito de las personas bajo toque de queda. El primer reporte realizado por el INDH, desde que se implementó el estado de emergencia, indica que hasta el 21 de octubre habían 1420 personas detenidas y 84 heridos por armas de fuego. Víctor Hugo Lagos, jefe de la zona norte del INDH, dice que “Carabineros no ha estado respetando los protocolos del uso de la fuerza en el contexto de la manifestación”.

El abogado familiar y laboral, Eduardo Aguirre, explica los derechos humanos como aquellos “derechos que la comunidad internacional ha convenido en que son iguales para cualquier persona por el solo hecho de ser persona”. La Constitución solo reconoce esos derechos, pero para poder ser garante de estos es necesario un recurso judicial, como los recursos de amparo, que protegen la libertad de derecho individual. “Es por esto que hablamos de principios y no de garantías constitucionales. Si ese derecho no tiene un vehículo con el cual poder exigir su cumplimiento, no es garantía”, afirma Aguirre.


El INDH está a cargo de observar la función policial en el contexto de una manifestación, no de la observación de los manifestantes. Lagos explica que los y las funcionarias están presentes en manifestaciones, y durante las noches van a hacer el recuento de detenidos y/o heridos a comisarías y centros de salud pública. La ley del instituto les permite ingresar a recintos donde haya personas detenidas o que tengan indicios de que las haya.

“Tenemos la facultad de ingresar a los calabozos de las comisarías, incluso a los buses de Fuerzas Especiales que están en la calle”, constata el jefe de la zona norte del INDH. Comenta que es en el contexto de alguna detención donde se pueden generar violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros. 

Sobre el INDH, el abogado señala que es un organismo público, autónomo y con financiamiento propio. “Es un sistema binominal: hay cuatro de derecha y cuatro de la Concertación”, afirma.

USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA

El martes 5 de noviembre, funcionarios de Carabineros ingresaron al Liceo 7 Teresa Prats para escoltar a la directora Denise Berenguela fuera de las dependencias. Las alumnas estaban evaluando la posible toma del establecimiento cuando vieron al personal de Fuerzas Especiales yendo a sacarlas del lugar. 

Javiera García, presidenta del Centro de Alumnas del Liceo 7, cuenta que escucharon disparos y fueron a increpar a los funcionarios de Carabineros. La respuesta fueron disparos de perdigones por parte del mayor de Carabineros, Humberto Tapia, quien dejó a dos alumnas heridas. Durante los 180 días que dure la investigación, el funcionario de Carabineros estará con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas, al Liceo 7 y la 4º Comisaría de Santiago.

Tras el hecho ocurrido en el Liceo, Patricia Muñoz, Defensora de la niñez, afirmó a diversos medios que se vulneraron los derechos humanos de las alumnas y que se presentó una querella en contra de la directora del Liceo. 

Ante la violación a los derechos humanos en el país, el abogado sostiene que “hay indicios que me llevan a afirmar que efectivamente se están violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas. No es casual que Carabineros empezara a usar perdigones, se les diera un bono del 30% de su sueldo y que tengamos más de 200 personas con daño ocular en Santiago”.

Sobre esto, Víctor Hugo Lagos comenta que “no es posible descartar ahora que no sean sistemáticas, porque cuando las investigaciones arrojen resultados, veremos si los son”.

Esta no es primera vez que un manifestante pierde un ojo producto de un disparo de Carabineros. En 2013 Enrique Eichin participaba de una manifestación estudiantil cuando fue impactado en su ojo derecho por una bala de paintball disparada por Carabineros. La institución implementó este tipo de armas afirmando que no son letales y que al explotar en un manifestante, este queda marcado y es más fácil identificarlo. Enrique perdió la visión de su ojo derecho. Finalmente, la institución decidió prohibir el uso de este tipo de armas.

TORTURAS EN ARICA 

Desde el Colegio de Periodistas de Arica se había anunciado que no era necesario portar salvoconducto para trabajar pasado el toque de queda, y que con la credencial del medio o con la del Colegio bastaba. Sin embargo, eso no fue suficiente y Estefani, Alfredo y Patricia fueron detenidos. Tras negarse a entrar al vehículo de Carabineros, argumentando que estaban trabajando, Carabineros les dieron dos opciones: comisaría o calabozo, y que iba a ser peor el calabozo, según los uniformados, cuenta Alfredo. Así, los tres fueron dirigidos a la comisaría.

Margarita Pastene, Presidenta del Colegio de Periodistas, comenta que en general no se han respetado las credenciales ni del medio, ni del Colegio y que en las comisarías “se pusieron muchos obstáculos para los salvoconductos para periodistas”. Comenta que el caso de Arica está en tribunales y que ya se denunció este y otros casos a organismos internacionales. 

Durante el trayecto hacia la comisaría Estefani mandó un mensaje por Whatsapp al Colegio de Periodistas de Arica. “Ellos se encargaron de hacer la gestión para poder aclarar la situación y es por eso que nosotros alcanzamos a estar alrededor de 15 a 20 minutos en la comisaría”, narra Alfredo. Gracias a esa gestión fueron liberados y les hicieron firmar un libro para constatar lesiones. A pesar de lo ocurrido, los periodistas firmaron asegurando que no tenían lesiones, ya que en esos momentos sólo querían irse lo más pronto posible, según Estefani.  

Tras encontrarse en el lugar con funcionarios del INDH, los periodistas les contaron lo sucedido, sin mencionar los desnudamientos, producto de su desconocimiento frente al protocolo de Carabineros. Sin embargo, al volver a conversar con ellos dos días después, desde el INDH “nos dijeron que eso no correspondía. La detención, revisión y todo lo que fue el encierro, no corresponden”, cuenta Alfredo.

Sobre esto, el abogado afirma que el desnudar a detenidos “es tortura, porque no hay ningún protocolo que diga que hay que desnudar a las personas que están detenidas. Ninguno. Es tortura sin lugar a dudas”.

Página 3 del Diario Oficial del 4 de marzo de 2019, referido a la actualización de instrucciones respecto al uso de la fuerza por parte de Carabineros.

Carteles en paredes de Vicuña Mackenna el 28 de octubre.

PRENSA Y GOBIERNO 

Sobre la violación a los derechos humanos, Estefani afirma que  “la vulneración de estos derechos es algo que cambia totalmente a un ser humano. Te quitan parte de tu personalidad”. Frente a lo mismo, dice que la reacción de los medios ante estos hechos ha sido lenta.

La periodista señala que los medios se han enfocado más “en cosas materiales como los saqueos, las quemas de los supermercados, y creo que tiene que ver con cómo ha reaccionado el mismo gobierno, porque ellos también se han centrado más en el «vandalismo» que en las vidas de las personas”. 

El abogado asegura que la protesta social siempre ha sido criminalizada. “En la movilización de los estudiantes universitarios del 2011, Carabineros torturó y asesinó a jóvenes. Pero la política del gobierno de turno siempre fue decir que esto es un hecho aislado”, observa. 

En cuanto a la forma en que la prensa ha cubierto el estallido social, la Presidenta del Colegio de Periodistas argumenta que “hay una crítica ciudadana a los medios por la tendencia informativa, que ha puesto foco en los desmanes, saqueos y no en el actuar de la fuerza pública que ha violado los derechos humanos”.