Crisis de la educación privada: cierre de la Universidad del Pacífico

Tras años de negligencia, la casa de estudios hoy enfrenta un futuro incierto, además de una demanda civil de sus estudiantes y trabajadores por incumplimiento de contrato y estafa.

Por: María Fernanda Cartes

La educación superior privada se encuentra en una profunda crisis al enfrentar el cierre de otra de sus instituciones, Tras el fin de la Universidad del Mar, la ARCIS y la Universidad Iberoamericana se ha puesto en duda el verdadero rol educativo de estas casas de estudios, retomando la discusión sobre el lucro en la educación nacional.

CIERRE DE UNIVERSIDADES

Hace cuatro años la Comisión Nacional de Educación advirtió la difícil crisis financiera que enfrentaba la Universidad del Pacífico, tras perder por primera vez la acreditación de su casa de estudios y mantener un deuda de más de $2059 millones de pesos. Un antecedente que marcó el devenir de la institución, la cual hoy enfrenta una demanda colectiva por parte de sus estudiantes y una investigación en manos del Ministerio de Educación.

Hoy se le exige al Ministerio, ante la nula injerencia que tuvieron en el nacimiento del fraude, que cumpla su rol y reubique a los alumnos, quienes consideran presentar una querella en contra del Estado, el cual mantenía conocimiento de la situación desde 2014.

En el transcurso de los últimos dos años, han sido tres las universidades privadas que han cerrado sus puertas, tras enfrentar duras crisis financieras por el mal manejo de sus ingresos, dejando a la deriva a miles de estudiantes que han tenido que reingresar a la educación superior en busca de nuevas oportunidades.

La educación privada nacional se ha visto en crisis tras las malas gestiones de sus directorios, quienes han priorizado su fin económico por sobre su verdadero rol social, iniciando esta avalancha que terminó con la Universidad del Mar, la ARCIS, la Universidad Iberoamericana y que hoy afecta a la comunidad de la Universidad del Pacífico.

Mariana Sepúlveda llevaba dos años como estudiante de publicidad cuando se enteró de la dura situación que enfrentaba su casa de estudios. A la fecha, esta mantenía un déficit financiero de $2059 millones de pesos, viéndose en la obligación de vender su sede en Las Condes y buscar nuevos inversores. Ante la poca información, fueron sus profesores quieren corrieron la voz sobre los sueldos pendientes que mantenía el directorio, quienes optaron por desligarse de la institución por no pago.

Cuña Mariana Sepúlveda.

En 2014, la universidad perdió por primera vez su acreditación y tras las gestiones de Ortúzar, lograron recuperar aquel financiamiento que hoy veían nuevamente en peligro. Inversionistas brasileños y japoneses se hacían presentes en las reuniones para salvar la institución, pero, ya que todos buscaban tener injerencia en el directorio, los acuerdos se vieron truncados por el clan Ortúzar, ante el miedo de un posible destape mediático de la situación.

Los estudiantes comenzaron a organizarse al no obtener respuesta de su sostenedor, el cual tras reuniones, continuaba aplazando los acuerdos de una posible respuesta. Javier Iñiguez, vocero de los estudiantes organizados de la Universidad de Pacífico explicó los duros momentos que pasaron al enfrentarse a las autoridades y la nula respuesta que han recibido del Estado, quienes mantenían conocimiento desde el gobierno anterior.

Cuña Javier Iñiguez.

En noviembre se tomaron las primeras medidas, y mediante un contacto con la diputada Cristina Girardi, los estudiantes lograron exponer frente a la Cámara de Diputados y ser asesorados por Valeska Concha, abogada que formó parte del equipo jurídico de los estudiantes de la Universidad del Mar. Concha es quien lidera hoy una demanda civil en contra del clan Ortúzar Muñoz e interpela al Estado por su falente rol fiscalizador, señalando la existencia de una futura querella contra el gobierno.

Cuña Valeska Concha.

Tras el informe de los estudiantes y la publicación del reportaje realizado por CIPER, la ministra Marcela Cubillos tomó cartas en el asunto y anunció la conformación de una comisión investigadora, la cual fue aprobada en el Congreso y que proyecta sus resultados para el segundo semestre del próximo año.

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