Acoso y abuso sexual en el Ejército: 45 denuncias sin información desde el 2016

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El Ejército asegura que el nuevo protocolo publicado en agosto de este año significará un cambio de paradigma para la institución en materia de acoso y abuso dentro de la institución.

Hasta el año 2016, las denuncias por acoso en el Ejército eran consideradas faltas administrativas. Pero desde octubre del 2016, el Comandante en Jefe ordenó tipificar el acoso y abuso sexual dentro de la institución. Desde entonces, 45 de 49 denuncias ingresadas de manera interna no cuentan con información, según datos obtenidos a través de Ley de Transparencia por Radio Bío Bío.

Esta orden de comando fue elaborada por la Dirección de Personal, la que regula además los pasos, etapas y plazos en que el Ejército debe hacerse cargo de las denuncias. Según la institución, se define el acoso como insinuaciones o exigencias de tipo sexual que realiza un hombre o una mujer hacia otra persona sin su consentimiento, puntualizando que dicha actitud se puede presentar entre diferentes mandos, desde un superior a un subordinado o subalterno (vertical) o entre integrantes del mismo grado o de la misma categoría (horizontal), ya sean funcionarios civiles o militares.

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Según datos de Transparencia.

La denuncia puede ser realizada de manera anónima o por un tercero en representación de la víctima. Esto es recibido por el comandante de la unidad del denunciante. Posteriormente, según los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, “los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones” y  “deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”. Ema Salinas, abogada de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de Defensa del Estado, afirma que en caso de no seguir este procedimiento se está cometiendo una falta.

Sin embargo, a diferencia de los años anteriores de la creación del comando, no existe registro por parte del Ejército de que se haya sobreseído, se haya desestimado, ni mucho menos que haya existido alguna condena respecto a las denuncias realizadas en la institución.

Ante esto, la Teniente Coronel Bárbara Ojeda, jefa de Responsabilidad Social Institucional de la Dirección de Personal, afirma que “el acoso sexual y el acoso del laboral no son delitos, son faltas administrativas que son sancionadas y siempre han sido sancionadas por la institución. Entonces se hacía una investigación preliminar y si la persona era culpable se le sanciona en su hoja de vida con un saldo negativo. Pero como no estaba tipificado como acoso laboral ni acoso sexual, entonces no habían registros”.

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Según datos de Transparencia.

La Teniente cuenta que antes no existía un catastro total de las denuncias y las sanciones debido a que las hojas de vida eran escritas en papel y tinta, además de que este tipo de causas no estaban tipificadas. Algo que cambió en la actualidad con la digitalización de las hojas de vida de todo el personal del Ejército.

Posterior a esta orden de comando, durante el 2017, desde la Dirección de Personal, se dedicaron a la creación de una cartilla que hiciera más específica aún los procedimientos para estos casos. Además, comenzaron a realizar asesorías a lo largo del país para dar a conocer este nuevo protocolo a 22.000 miembros del personal del Ejército.

Este protocolo, denominado como Procedimientos Relacionados con el Acoso Sexual y Laboral en la Institución (CAP-03042), fue lanzado en agosto de este año e incluye cambios como la posibilidad de saltarse la cadena de mando para realizar la denuncia en caso de que el acosador o abusador sea el victimario. Algo que según la Teniente Ojeda significó un cambio de paradigma en la institución, ya que ahora “todos saben hacer las cosas”. Este nuevo protocolo derogó la orden de comando del 2016. 

Procedimiento

Parte del protocolo (CAP-03042)

No obstante, existen víctimas que han denunciado que la institución no aplica correctamente estos procedimientos. El año 2016, Carol Inostroza afirmó al The Clinic que, tras sufrir un abuso sexual por parte de un superior, no fue llevada a constatar lesiones al Servicio Médico Legal sino hasta tres semanas después de su denuncia, y su presunto agresor nunca fue separado de sus funciones.

Por otra parte, M.F.G, conscripta de 17 años, también denunció abuso sexual por parte de un cabo de la institución. La joven realizó la denuncia el 18 de junio ante el mayor Diego García, pero, según la nota publicada por La Tercera PM, la respuesta de su superior fue, a lo menos, poco acogedora; incluso le habría preguntado cómo podría comprobar que no había sido una relación consentida y por dinero. El 28 de junio fue enviada al Hospital Militar, pero a realizarse un test de embarazo. Recién el 4 de julio fue enviada a constatar lesiones e inflamación. Estos exámenes posteriormente desaparecieron, según denuncia la joven.

Barbara Ojeda afirma que para el caso de Carol Inostroza, previo a la publicación del protocolo, los procedimientos antes quedaban al entendimiento personal de quien recibía la denuncia. A raíz de casos como este nació el nuevo protocolo. En el caso de la menor de 17 años aseguran que la denuncia está siendo investigado por Fiscalía, pero que en caso de que se confirme de que se actuó de mala forma, el mayor Diego García será castigado administrativamente, y en caso de ser condenado, será expulsado de la institución.

Según explican desde el Ejército, la forma que tienen de fiscalizar que los superiores cumplan con su deber tiene distintas instancias. En primer lugar, al ocurrir el incidente tiene que ser reportado, dentro del mismo día que recibe la denuncia. Luego, se le asigna un número a la investigación para el Comando de Personal y esta unidad posteriormente le comunica a la Dirección de Personal para reportarlo al Ministerio Público. En caso de no cumplir el procedimiento se les hace una sanción administrativa. En el peor de los casos el miembro del personal es dado de baja.

Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género -institución que participó en la creación del protocolo CAP-03042- afirman que algunos de esos casos que se aparecen sin información ya cuentan con resoluciones, pero que, aunque no cuentan con cifras oficiales, saben que solo la minoría las causas que terminan con sanción. 

 

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