La herida abierta de Chile

El año 2018 llega a su fin a pasos agigantados. La nueva administración ha enfrentado una serie de desafíos que la ha dejado al debe en diferentes materias. Una de esas materias son los Derechos Humanos. La conmemoración de los 45 años del golpe de Estado e inicio de la dictadura, los indultos presidenciales y los 30 años del plebiscito han sido alguna de las cosas que han marcado la agenda no exenta de polémicas.

Este año se cumplieron 45 años desde que fue el Golpe Militar en Chile. Junto con el levantamiento militar, comenzó una cruel dictadura, que, según el Informe  Valech de 2011, son más de 40.000 personas que fueron víctimas de detenciones ilegales, privación de libertad y torturas. De esa cifra,  3.065 personas fueron muertas y algunas de ellas desaparecidas.

Sebastián Piñera asumía como el nuevo presidente de Chile y junto con él una serie de reformas y proyectos, que, dependiendo del sector son perjudiciales para la democracia.  Entre estas polémicas medidas están los indultos y beneficios que otorgó a tres acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, lo que causó la molestia de los familiares y agrupaciones de derechos humanos y detenidos desaparecidos.

No solo eso desató la polémica. En abril, el gobierno entrante decidió retirar el proyecto que la ex presidenta Michelle Bachelet ingresó al Congreso antes de entregar el mando y que buscaba reparar el daño de manera económica a víctimas directas de la dictadura y a familiares de detenidos desaparecidos.

El diputado UDI Ignacio Urrutia encendió el fuego y celebró el retiro del proyecto de ley que entregaba la reparación económica a las víctimas de violaciones a los DD.HH. asegurando que “más que exiliados eran terroristas”.

El actual gobierno acusó que no lo tenían considerado en su presupuesto. Esto le costó una interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien debió responderle en junio de este año a la diputada comunista Carmen Hertz. Las respuestas del ministro no dejaron satisfecho a sectores de oposición ni a familiares, quienes estuvieron presente ese día en sala.

Cuando las aguas estaban por aquietarse y el gobierno se hacía cargo de otras problemáticas que inquietaban al país, el presidente Piñera decidió hacer el primer cambió de gabinete el día nueve de agosto. No sabría que el remido costaría más que la enfermedad. ¿Por qué?

Dentro de los ministros entrantes estaba Mauricio Rojas, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y que tuvo una conversión política hacia la derecha cuando estaba en el exilio en Suecia. Asumía como ministro de Cultura, las Artes y el Patrimonio.  Nada parecía extraño. Sin embargo, al pasar las horas, surgieron a la luz un escrito de Rojas del año 2015 donde él mismo señalaba que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos era un montaje, lo que desató que el mundo de las artes y la cultura se organizaran. el día miércoles 15 de agosto, se reunieron mas de 13.000 personas en la explanada del Museo. Le costó la salida del puesto cuatro días después.

El 20 de agosto, cuando las cosas aún no se calmaban, murió Andrés Aylwin. El hermano del fallecido ex presidente fue un férreo defensor de los derechos humanos en dictadura. Sin miedo a las posibles represalias, él junto a otros doce miembros de la Democracia Cristiana, enviaron una carta criticando duramente el golpe de Estado al día siguiente de ocurrido esto. Durante la dictadura participó en la Vicaría de la Solidaridad y creó el comité “Pro Paz”. También fue diputado por su partido durante los años 1989-1998.

Luego vino el 11 de septiembre. A diferencia de los otros sucesos, estas conmemoraciones  si eran esperadas por el gobierno. 45 años de un Golpe duro y que inició una cruel dictadura. Fue recordado, no exento de conflictos y de diferentes maneras por los distintos sectores políticos. Otro hito que se celebró un mes más tarde fueron los 30 años de vuelta a la democracia. Dicha celebración tuvo las mismas características que las del día 11.

El mes de octubre cerró con un golpe duro para las asociaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas: falleció Ana González, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ana vivó de cerca los crímenes de la dictadura. Entre el 26 y treinta de abril, la mujer de 90 años perdió a su esposo, a dos de sus hijos y a una de sus nueras embarazadas.

En un año cargado de diferentes sucesos que han enfrentado al gobierno con las agrupaciones, familiares y a la opinión pública, este tiene un escenario en donde debe plantearse soluciones, reconocer los hechos y tener la convicción de reconciliación. Una de las cosas que los diferentes gobiernos han quedado al debe.

Revisa la cronología aquí.

 

Entrevista

Lorena Díaz, nieta de Ana González y ex dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: “El país está con esa herida abierta y que no ha habido una política real de gobierno de enfrentar el tema y generar condiciones que podamos avanzar en verdad y justicia”

Lorena Díaz es exdirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Fundación que su abuela, Ana González, creó y presidió. Hoy habla de la partida de su abuela, la de Andrés Aylwin y el golpe que significó al mundo de derechos humanos. Además hace una radiografía del escenario político en dicha materia.

Dos figuras importantes en materia de derechos humanos fallecieron este año. Andrés Aylwin y Ana González. ¿Qué significa para usted esto y cómo repercute en las diferentes agrupaciones de D.D.H.H?

Fue duro y ambas muertes tiene su particularidad y en lo que aportaron en la lucha por la defensa de los  derechos humanos también. Don Andrés en su calidad de abogado se mostró incondicional con las agrupaciones de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos, y Ana lo abordó desde una perspectiva familiar. Es una pérdida insustituible, un dolor para el mundo de los derechos humanos. para nosotros que crecimos con estas dos figuras emblemáticas como iconos de justicia. Lo de Ana representa la triste realidad de hoy en día: los familiares, las madres de los detenidos desparecidos que fueron ejecutados en la dictadura cívico-militar, se están muriendo sin encontrar verdad y justicia y los abogados con los que estuvieron involucrados en las calles también están partiendo a 45 años del golpe.  Es mucha la materia pendiente.

El gobierno de turno ofreció beneficios e indultos a detenidos por criminales de lesa humanidad, tres en específico. ¿Qué piensa al respecto? ¿Es un retraso para el país en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia?

Sin duda es un retroceso dentro de no mucho avance. Es importante decir desde mi perspectiva como ex dirigente y miembro de la agrupación y familiar de un detenido desaparecido, que si bien el gobierno actual de derecha en el cual somos oposición ha manifestado que tiene un respeto irrestricto por los derechos humanos, que está por la defensa de estos, pero en lo concreto no ha sido así. Han sido palabras por la buena crianza o intenciones tal vez de más de alguno, con nombre y apellido. En lo concreto lo que ha hecho el gobierno es entregar indultos y mostrar una política que no va de la mano con la reparación ni el camino real de la verdad y justicia y el no a la impunidad.

¿Es una contradicción por parte del gobierno?

Absolutamente. Una cosa es manifestar en conferencias de prensa o en encuentros que hay un compromiso irrestricto, pero eso no ha sido así y tampoco fue así en gran medida en los gobiernos que fueron nuestros, de la Concertación y Nueva Mayoría.

Lo que sucedió con Mauricio Rojas deja entrever que no hay un reconocimiento por parte de las autoridades. ¿Cree que existe convicción por parte del Ejecutivo en buscar la verdad y justicia y esclarecer lo sucedido?

No. Ninguna. No ha habido hechos certeros o concretos que demuestren que este gobierno está  por el no a la impunidad, no al indulto, no al nunca más y todo lo que dice ser. Eso es una clara muestra de ello. Sin embargo, no consideraron el que podía haber prácticamente una hecatombe ciudadana que no fue guiada por agrupaciones ni partidos políticos. Fue una efervescencia y un compromiso del ciudadano de la calle con el tema de D.D.H.H. Esto demuestra que el país está con esa herida abierta y que no ha habido una política real de gobierno de enfrentar el tema y generar condiciones que podamos avanzar en verdad y justicia. Un ejemplo de ello es lo que ha quedado en evidencia con los recientes hechos del Ejército. Una muestra real sería que se dictaminara por parte del gobierno no más accesos, no más pensiones a todos quienes están involucrados. No más calles, no más lanzamientos de libros a distancia. Una serie de cosas que forman parte de una política integral de defensa y protección a los D.D.H.H.

¿Cuáles son los avances, retroceso y el escenario actual del país en dicha materia?

El escenario actual es de deuda. Como mencionaba al comienzo, las generaciones de madres se están muriendo si encontrar la verdad y la justicia. Los criminales de lesa humanidad siguen caminando por la calle. Hace poco pudimos ver la “funa” de uno de ellos que habitualmente toma café en un local a vista y paciencia de todos. Gente como ellos circula impunemente en las calles. Por eso la deuda es total. Hay una duda de los partidos políticos de oposición hoy en día y que es mucho más vigente y más latente también. Porque es nuestro sector el que debió haber realizado hechos más concretos y no se hicieron. Hoy estamos en un gobierno que es de derecha donde toda la ideología fascista prácticamente ha estado a flor de piel y es muy difícil esperar de ellos que exista un avance. Por el contrario, que se esté dejando gente en libertad es un retroceso y es una clara muestra de una política de impunidad que impera en nuestro país.

 

 

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