ESPECIAL|A 45 años de la Caravana de la Muerte

El 16 de octubre de 1973, Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército, recibió en el patio del Regimiento Arica -actualmente Regimiento Coquimbo- a Sergio Arellano Stark, general encargado de la Caravana de la Muerte. Cheyre, que en ese entonces se desempeñaba como ayudante del Ariosto Lapostol, recibió la información de 15 personas que habían sido fusiladas y enterradas en una fosa común de un cementerio de la ciudad. A cuatro décadas del hecho, el ministro Carroza condenó a Cheyre -conocido por haber pedido perdón por los delitos cometidos en dictadura- a tres años y un día de libertad vigilada por el encubrimiento de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte.

Pero la investigación partió 20 años antes. El 28 de enero de 1998, Juan Guzmán fue designado para investigar varias querellas contra el dictador Augusto Pinochet, que en ese entonces se desempeñaba como senador vitalicio. Para lograr su desafuero fue clave el testimonio del ex general Joaquín Lagos, gracias a un oficio que guardó en secreto durante 27 años y que informaba de las 56 ejecuciones que habían sido ordenadas por el general Sergio Arellano Stark.

Aún con estos antecedentes, Pinochet nunca fue condenado y murió en el año 2006. Por su parte, Sergio Arellano fue condenado a seis años de prisión por su participación en los hechos, pero fue sobreseído en el 2015 alegando demencia. Finalmente murió en marzo de 2016 en su domicilio.

Las condenas no llegaron hasta el año 2013, cuando el juez Leopoldo Llanos dio una sentencia de 15 años de cárcel, por los homicidios ocurridos en Antofagasta a los ex oficiales de Ejército Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud.

Durante el juicio a Cheyre, también se condenó a Ariosto Lapostol Orrego, jefe del regimiento en esa época, como autor del homicidio de las 15 víctimas. Por otra parte, el brigadier Pedro Espinoza Bravo y los ex oficiales Juan Chiminelli Fullerton, Víctor Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de cárcel como cómplices de los delitos.

 

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Cristián Cruz, abogado representante de la familia de las víctimas, destacó el fallo del Tribunal y recordó que los altos mandos “no solamente se han dedicado a robar sino que también a entregar información falsa”.

¿Sientes que la condena que recibió Cheyre es justa?

Lo importante es que la normativa da la posibilidad de recurrir y eso es lo que nosotros, y no solo nosotros, sino que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y las restantes partes querellantes han usado para solicitar lo que nosotros consideramos adecuado. Esto corresponde a dejar en claro la participación y la penalidad aplicable tanto para Cheyre, como de los restantes implicados.

¿Cuáles son las siguientes acciones legales respecto del caso Caravana de la Muerte?

La interposición de los recursos de apelación que, yo imagino, utilizarán la defensa de los agentes represores condenados. En su oportunidad la Corte de Apelaciones de Santiago deberá, en vista de la causa, fallar los recursos y decidir en segunda instancia la decisión. Y obviamente, no tengo ninguna duda, que las partes después de ese fallo recurrirán a la Corte Suprema para la última palabra.

Cheyre dice que apelará ¿Qué fundamentos podrían sustentar esa apelación?

Sin perjuicios de que no incita mayores fundamentos más que señalar genéricamente un agravio. Me imagino que usarán los mismos argumentos que ya dieron en sus respectivas declaraciones, que es lo lógico: negar la participación. Negar, negar y negar.

¿Crees que pueda haber más militares protegidos por altos mandos en activo?

Yo no tengo ninguna duda de que, históricamente desde la vuelta a la democracia, los altos institucionales han dado protección y cobertura a los represores. Han pretendido y buscado mecanismos para la impunidad, ya sea parcial o total. Y aquí no tenemos ningún elemento de juicio que contradiga aquello.

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