Colegio de Profesores se manifiesta ante reunión con Ministra de Educación

Tras la reciente movilización del gremio, el Colegio de Profesores se reunió esta mañana con la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, en donde se discutió el proyecto de ley Aula Segura y la deuda histórica de los docentes.

Por María Fernanda Cartes

 

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Durante la mañana de este viernes se realizó una nueva reunión entre la Ministra de Educación, Marcela Cubillos y el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en el marco de las negociaciones del petitorio que mantiene a los docentes en alerta ante un posible paro nacional indefinido.

El pasado 3 y 4 de octubre, educadores de todo Chile marcharon en contra del pronunciamiento gubernamental, quien desconoció los acuerdos previos y radicalizó al movimiento. Tras haber acordado con el Subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, una negociación acotada, con un plazo término para el mes de septiembre, la Ministra contradijo el consenso, los cuales fueron catalogados como “inmensos” por el Aguilar.

“El tema principal para nosotros en la mesa de negociación era aclarar los dichos contradictorios que había tenido la Ministra, respecto de lo que nosotros habíamos conversado con el Subsecretario”, señaló el dirigente gremial, quien además anunció una radicalización del movimiento en caso de obtener una respuesta negativa.

 

PETITORIO COLEGIO DE PROFESORES

El proyecto de Ley Aula Segura sigue generando controversia entre el gobierno y el gremio educativo, quienes han dado a conocer sus extrapolados puntos de vista. Si bien los profesores piden mayor protección a la comunidad educativa y control sobre estos actos delictivos que han afectado a ocho colegios emblemáticos del centro de Santiago, sus críticas son fuertes: “Nosotros vamos a seguir haciendo todas las gestiones del caso para que el tratamiento de la convivencia escolar, el tratamiento de la violencia en las escuelas y de las agresiones a docentes, y otros trabajadores, tenga un tratamiento mucho más integral y no se base únicamente en el aspecto punitivo”, explicó Aguilar.

A su vez, agregó que la política impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera no responde al contexto nacional, sino que a una coyuntura centralista. “El proyecto del gobierno responde a un problema de ocho colegios. En Chile hay 12.111 escuelas por todo el país”, explicó, enfatizando que la mayor cantidad de actos de violencia contra docentes se hacen presentes en los establecimientos particularessubvencionados, los cuales se mantienen contrarios al proyecto.

Escucha la postura del Magisterio aquí:

Igualdad de oportunidades

Pía Cañas, psicóloga educacional, experta en educación y convivencia escolar también se encuentra escéptica ante el proyecto, dejando entrever sus falencias debido a la desigualdad existente en los establecimientos educativos municipales y particulares. “Yo creo que ahí hay un error, porque la violencia está manejada de distinta forma en los colegios municipales y particulares. En el fondo, el nivel de violencia es muy parecido. Obviamente hay más casos en los colegios más vulnerables”, explicó Cañas.

El proyecto, que entrega mayores facultades a los directivos de liceos y colegios, propone disminuir el plazo de expulsión de 20 a 5 días. “El niño tiene que beneficiarse del sistema escolar, no el sistema escolar beneficiarse del niño. Para que esto sea factible de hacerlo a nivel nacional, se necesita cambiar el paradigma de cómo incluimos a los niños, y que, efectivamente, todo estudiante, sea violento o no sea violento, tenga la misma oportunidad de aprender”, agregó.

Erradicar la violencia de manera general del sistema educativo no será tarea fácil. La critica es generalizada y así lo confirma la experta. “Lo que propone en el fondo es sacar al niño violento, que es sacar a la manzana podrida, va a ser que el aula sea más segura. Ese niño, proveniente de un colegio público, se va a ir a un colegio igual de vulnerable, con compañeros súper parecidos, en donde va a ser igual de violento. Entonces, el problema no se ataca de fondo”.

“No hay otra entrada”

Uno de los puntos más importantes dentro del petitorio se refiere a la deuda histórica. A más de treinta años de su anuncio, acumula 14 mil millones de dólares y un total de 93 mil afectados.

María Eugenia Medina Soto trabajó por más de cuarenta años en el Colegio República de Siria en Nuñoa. Jubilada hace cinco años, continuó ejerciendo su profesión, puesto que su pensión, y la gran deuda que mantiene el Estado con ella, no le alcanzan para vivir.

En el año 1981, tras la promulgación de la ley que traspasaba la dependencia del personal educativo a las municipalidades, la deuda fue creciendo. María Eugenia acumula hoy un monto no entregado cercano a los 20 millones de pesos. “La pensión es vergonzosa, tuve que seguir trabajando. Baja tu calidad de vida. Sólo dependo de mi pensión. He visto profes jubilados trabajando. No hay otra entrada”.

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