El incierto futuro de la acusación constitucional

A pesar de que la ley estipulada en 1925 lo permite, hay quienes afirman que no se debería haber otorgado libertad condicional a los violadores de derechos humanos, porque cuando se creó la normativa todavía no se habían tipificado esos delitos.

Por Florencia Dinamarca

Este viernes, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la comisión que analizará si debe prosperar la acusación constitucional emitida en contra de los jueces de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, quienes otorgaron libertad condicional a siete presos condenados por crímenes de lesa humanidad a fines de julio.

Hoy, se contó con la participación del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores; el director del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Humberto Nogueira; y el abogado profesor de Derecho Constitucional, Enrique Navarro.

Esta polémica surgió luego de que parlamentarios de la  bancada opositora –exceptuando a miembros de la DC- firmaran una acusación constitucional en contra de los tres magistrados. Si bien en primera instancia la oposición se mostró unida, una vez que el proceso avanzó comenzaron a vislumbrarse diferencias de opinión sobre cómo proceder. Ahora, el PS afirmó que no debía emitirse una acusación constitucional, sino que debían modificarse leyes sobre la libertad condicional otorgada a criminales de lesa humanidad. El PPD, por su parte, aconsejó a sus miembros no aprobar el libelo, para así acudir directamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Producto de esta discusión, la comisión ad hoc, liderada por Esteban Velásquez (FRSV), Natalia Castillo (RD), Leonardo Soto (PS), Carolina Marzán (PPD) y Renzo Trisotti (UDI) –quienes fueron elegidos por medio de un sorteo- dispone de 16 días para analizar si la acusación debe prosperar y, de ser así, esta pasará a la segunda etapa, donde será evaluada por el Senado, quienes rechazarán o rectificarán la decisión. En caso de que se rectifique, mientras dure el proceso, el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, será suspendido de sus funciones.

En la primera sesión, llevada a cabo el 30 de agosto, los invitados manifestaron opiniones distintas sobre el tema. Mientras que el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, y el abogado constitucionalista, Rodrigo Poblete, se mostraron de acuerdo con la acusación constitucional, el abogado Patricio Zapata afirmó que el libelo no tiene “argumentos válidos” y, por tanto, no se debiera destituir a jueces en medio de un juicio político.

La sesión de hoy fue similar, ya que de los tres invitados, dos respaldaron a los ministros de la Corte Suprema y uno estuvo en desacuerdo.  El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, se mostró a favor de los jueces cuestionados y aclaró que rechaza “la idea de la acusación”, pues defiende férreamente “el principio de separación de poderes y el valor de la independencia”. Además, señaló que es difícil llegar a un consenso sobre qué significa el “notable abandono de deberes”, pues es un “concepto vago y elástico, que tiene asociado sanciones severas”. Por último, Flores afirmó que “la Corte Interamericana reitera que está prohibido establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen los operadores de justicia en alguna resolución”.

El abogado profesor de Derecho Constitucional, Enrique Navarro, también respaldó a los jueces y afirmó que “si se revisa el libelo presentado por los parlamentarios, su fundamento es más bien una crítica respecto a siete resoluciones en las que se otorgó el beneficio de libertad condicional, cumpliendo con la normativa legal interna”. Asimismo, indicó que no es correcto el argumento de quienes apuntan a que no se puede dar libertad condicional porque los presos no se han arrepentido de sus crímenes o no han colaborado totalmente con la justicia, pues ese no es uno de los requisitos para otorgar el beneficio. Sí hay otros requisitos estipulados para concederlo y la ley establece que debe haberse cumplido al menos uno de ellos durante la condena.

Por otra parte, el director del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Humberto Nogueira, fue crítico sobre el actuar de los jueces y afirmó que “la acusación constitucional es una acusación jurídico política y, por lo tanto, no obedece la racionalidad de un juicio ni tampoco las causales deben obedecer la racionalidad de un delito. Esta se plantea solamente cuando hay fundadas sospechas de que un acto constituye una vulneración del derecho”. Así también, Nogueira fue enfático en señalar que no se debería haber otorgado libertad condicional -a pesar de que la ley estipulada en 1925 sí lo permita- ya que “esas disposiciones (de la ley de 1925) están concebidas para delitos comunes y ahí no existían los delitos de lesa humanidad, porque estos empiezan a tipificarse después de la Segunda Guerra Mundial”.

Cabe destacar que siete ex ministros de la DC y 35 abogados penalistas respaldaron a los jueces. Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos que está a favor de los magistrados, comentó que, si bien la “Cámara de Diputados está haciendo uso de un derecho legítimo, que no pone en riesgo la estabilidad institucional, no existen suficientes razones para destituir a los jueces, a pesar de que cometieron un error inmenso al aprobar la libertad condicional de siete personas”. Caucoto destaca que los jueces se rigieron por la normativa que está vigente desde 1925 “que no distingue entre delincuentes comunes y de lesa humanidad.  Hay falencias del Poder Ejecutivo y Legislativo, porque no puede ser que no se haya cambiado la forma de resolver las libertades condicionales, debiendo existir una norma que las prohíba para este tipo de delitos”.

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