Piñera firma nueva Ley de Transparencia

La normativa reemplazará la ley entró en vigencia el 20 de agosto del 2008. Desde aquel entonces, han ingresado más de 477 mil solicitudes de acceso a la información.

Por Florencia Dinamarca y Camila Lobos

Este viernes, en el seminario “A diez años de la Ley de Transparencia: construyendo una cultura de transparencia para la próxima década”, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto que modificará la actual normativa de acceso a la información pública.

Todas las autoridades presentes en el seminario rescataron lo positiva que ha sido esta ley para el país. El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, afirmó que, desde su promulgación en el año 2008, “ha servido como instrumento de control ciudadano,  y de exigencia de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos frente a las autoridades”, por tanto, ha empoderado notablemente a la ciudadanía.

Con tal de mejorar la ley, el Consejo para la Transparencia llevó a cabo un proceso participativo que convocó a 2.200 personas provenientes de las 16 regiones del país, para saber qué aspectos consideraban que debían modificarse. Luego de conocer las conclusiones principales, Sebastián Piñera anunció el nuevo proyecto de ley que firmó y que enviará al Congreso, donde espera que sea analizado “en su mérito y no con posiciones a priori, independientemente del contenido”.

Ley de Transparencia 2.0.: nadie se queda fuera

En medio de su discurso, el presidente afirmó que durante estos diez años “el mundo ha cambiado notablemente” y por eso surgió la necesidad de crear un nuevo proyecto de ley, que tiene como foco expandir las obligaciones de transparencia a aquellos organismos que antes no tenían que cumplir ante el Consejo.

Ante esto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que espera que “la discusión que se va a producir en el Congreso permita aprovechar la experiencia, la opinión ciudadana y la opinión de los expertos, para seguir avanzando en algo que es esencial e irreversible”. A pesar de afirmar que Chile “es pionero en la región” en materia de transparencia, reconoció que “no solamente hay logros, sino que también hay vacíos, errores y espacios de modificación” y por eso es imprescindible modificar la ley.

Según el presidente, la importancia de este proyecto radica en que busca compatibilizar la transparencia y la protección de los datos personales, ampliando “el ámbito de la exigencia de transparencia a nuevos organismos públicos, como el Congreso Nacional, el Tribunal, el Ministerio Público, la Contraloría, el Banco Central” y otros. Asimismo, las organizaciones de “la sociedad civil que reciben montos significativos de recursos públicos”, como universidades y fundaciones, también deberán rendir cuentas de transparencia.

Además, Piñera informó que se ampliarán las “sanciones por denegación infundada de la información, así como por la entrega no oportuna o no completa de la misma” y se crearán nuevos mecanismos de reclamo para que haya comunicación fluida entre el Estado y los ciudadanos, y se le otorgará al Consejo “nuevas facultades de solución de conflictos” que pretenden impulsar la probidad y la transparencia.

Si bien el presidente del Consejo, Marcelo Drago, afirmó que aún no conoce las precisiones del nuevo proyecto y que espera que el ministro Secretario de la Presidencia le comparta los detalles para poder aportar, dijo que, por el momento, los anuncios le parecen positivos y concuerdan con el debate que el Consejo se ha planteado estos últimos años.

En el mismo sentido, Drago indicó que “si hay una sola ley de Transparencia tiene que haber una sola vara para todos los órganos del Estado, no pueden haber criterios distintos”, porque eso fue algo que la ciudadanía “planteó muy sustantivamente en el proceso participativo” y por eso el debate gira en torno a la creación de un sistema integral.

Por su parte, el presidente del Senado, Carlos Montes, afirmó que aún hay mucho “secretismo existente” en ciertas instituciones y dijo que por ello deben completar la información faltante y necesaria, “para que la ciudadanía conozca, critique y fiscalice, pero que aporte, porque el Estado tenemos que construirlo entre todos”.

Al ser cuestionado por las asesorías parlamentarias que no se han transparentado, Montes afirmó que “el Senado ha ido ampliando la información y la transparencia en muchos aspectos” y que actualmente se transmite “prácticamente todo” lo que sucede en la sesiones de comisión. Además, dijo que los informes de asesorías “se suben desde marzo y ya están todos arriba, o prácticamente todos, porque eso lo tiene que ir incorporando cada senador”, y que hay bancadas, como la socialista y la oficialista, que ya subieron sus informes.

Al respecto, Marcelo Drago afirmó que llegó “el minuto en que el Congreso deje de estar en situación de ser juez y parte de sí mismo y de resolver por sí y ante sí materias que le competen”, por tanto, propuso que es importante “entregarle a un tercero imparcial las disputas sobre transparencia y acceso a la información” de dicho organismo.

Una década polémica

Desde que la ley fue promulgada en 2008, diversos casos de corrupción y malas prácticas en el sistema público salieron a la luz. Si bien fueron muchos los episodios que causaron revuelo, hay cinco que destacan por las consecuencias que trajeron para la ciudadanía y sus implicados.

  • CEMA Chile, fraude de la familia Pinochet

El 18 de julio del 2012, Ciper publicó el reportaje  “CEMA: cómo la fundación de Lucía Hiriart lucró con la venta de inmuebles que le donó el fisco”, denunciando el enriquecimiento ilícito cometido por la familia Pinochet. El Estado cedió gratuitamente 113 inmuebles a la fundación CEMA entre 1973 y 1991 y 111 de estos fueron autorizadas por Augusto Pinochet. Para realizar este reportaje, Ciper solicitó al Ministerio de Justicia, vía Ley de Transparencia, información sobre los estatutos, las memorias y balances de la Fundación Cema Chile desde su creación hasta el día de hoy. Así, se descubrió que por la venta de estos inmuebles se recibieron aproximadamente US$7,7 millones, de los que no hay registro en la fundación.

  • Capacitaciones fantasmas

En junio del 2016, el programa Contacto de Canal 13 reveló que concejales de distintos municipios viajaban frecuentemente fuera del país para, supuestamente, recibir capacitaciones. Sin embargo, el reportaje demostró que entre los años 2014 y 2015 los municipios gastaron más de 8.000 millones en capacitaciones para concejales y alcaldes. Para conseguir la información, el medio solicitó, vía Ley de Transparencia, información sobre los detalles y montos utilizados a los 345 municipios del país. De estos, 42 no respondieron a la solicitud, incumpliendo dicha ley, por lo que la cifra de gastos en viajes podría ser mucho mayor.

  • La Gobernadora “indigente” de Chiloé

En 2014, La Tercera denunció que la gobernadora de Chiloé aparecía en la ficha de protección social calificada como “indigente”, equivalente a ser el 1% más pobre del país. La información fue descubierta gracias a la Ley de Transparencia, ya que se tuvo acceso a un certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social.

  • Casas “fiscales” en Biobío

En 2017, Radio Bío Bío publicó un reportaje en su sitio web denunciando que funcionarios públicos de la octava región accedieron al beneficio de arriendo de viviendas fiscales. Por el arriendo, los empleados públicos pagaban montos menores a 60 mil pesos, siendo que la mayoría de ellos contaban con sueldos superiores a 1 millón. Para realizar este reportaje, Bío Bío solicitó información vía Ley de Transparencia, donde apareció el listado de beneficiados con arriendo de viviendas fiscales en el sector. Así, se descubrió que por las 188 viviendas fiscales que hay en la región,  se recibían solo 6 millones de pesos al mes. Del Gore Regional, 14 funcionarios contaban con este beneficio.

  • Médicos que no cumplen

En 2016, El Mercurio publicó el caso de médicos que accedieron a becas de especialización con financiamiento estatal, pero que no cumplieron con los requisitos posteriores, ya que el programa exige que, al finalizar, el profesional trabaje en el sector público. Para obtener la información necesaria para llevar a cabo la denuncia, el medio consiguió, vía Ley de Transparencia, las bases de datos oficiales del Minsal.

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