DD.HH: el futuro incierto de tres Ministros de la Corte Suprema

Por Joaquín Abud y Nicolás Acevedo

Este jueves fueron sorteados los miembros de la comisión que evaluará la acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Künsenmüller, por conceder libertad condicional a reos de Punta Peuco e ir en contra del Derecho internacional. La instancia tendrá una mayoría de oposición.

La polémica por la concesión de libertad condicional a siete reos de Punta Peuco está lejos de llegar a su fin, luego de que la acusación constitucional impulsada por la oposición definiera, el pasado jueves, la comisión de Diputados que evaluará el recurso.

De esta manera, la mayoría de sus miembros son de oposición: Leonardo Soto (PS), Natalia Castillo (RD), Esteban Velásquez  (FRV), Carolina Marzán (PPD) y Renzo Trisotti (UDI). Soto, presidente de esta, aseguró que “sin duda eso influye, pero no es totalmente decisivo”. Los Diputados buscarán llevar a cabo el debido proceso constitucional y escuchar a todas las partes para establecer un juicio correcto.

A pesar de no querer dar su opinión personal respecto del caso por su rol en la comisión, Soto mencionó que “Chile está suscrito a un conjunto de tratados internacionales que tratan sobre la promoción y respeto estricto de los DD.HH como elemento obligatorio a cualquier institución del estado y uno de esos derechos tiene que ver con la garantía y no impunidad en materia de libertad para genocidas o condenados por delitos de Lesa Humanidad.

Legisladores y jueces comparten culpa

El abogado especialista en casos de DD.HH, Nelson Caucoto, no se mostró conforme con el rol de los jueces de la Corte Suprema. “No estoy de acuerdo con dejar en libertad a violadores de los derechos humanos , principalmente porque no cumplen con los requisitos que la misma Corte Suprema ha ido estableciendo”.

Sin embargo, Caucoto fue enfático en decir que los jueces no tienen toda la culpa, sino que la comparten con los legisladores por no haber cambiado leyes que están establecidas desde el año 1925 y que en casi 100 años no se han instaurado reglas claras. Junto a esto, expresó que “hoy día mismo el parlamento podría haber dictado una norma que derogue el decreto de ley del año 25”.

En el caso del Juez Hugo Dolmetsch, el abogado agregó que este aplica la Media Prescripción, basada en bajar las penas a condenados que cumplan con un correcto comportamiento a la mitad de su condena. Según esto, Caucoto aclaró que “la Doctrina Dolmetsch se basa en que el tipo es más benevolente en sus juicios”. Sin embargo el jurista respaldó su importancia en resolver casos de DD.HH, agregando que gracias a él hoy en día el Jefe de la CNI, nombre, está condenado por el caso Operación Albania.

“Aquí no sobran los jueces que hayan apoyado la causa de los derechos humanos. Nos hacen falta, no puedes borrar a tres de una plomada”, concluyó.

Por último, respecto de la acusación constitucional realizada por la oposición en la Cámara de Diputados, el abogado fue tajante en su opinión sobre los legisladores e indicó que “no tienen idea de lo que es la historia del poder judicial, no saben cómo se han construido estas mayorías precarias en el poder judicial”.

Impunidad en democracia

Los tribunales de justicia tienen la obligación de ajustar sus fallos al orden internacional mientras se pertenezca a esta. Chile se encuentra bajo estos parámetros, que identifica a los crímenes de Lesa Humanidad como elementos que deben ser juzgados a pesar de la normativa interna del país.

A pesar de lo mencionado, en el regreso a la democracia se ha vulnerado el Derecho Internacional priorizando la legislación interna y desestimando el decreto universal. Respecto a esto, la diputada Carmen Hertz mencionó que:

“El proceso de transición se inicia sobre los pactos tácitos de impunidad cuando Pinochet es detenido en Londres en virtud de la jurisdicción Internacional. Luego es traído a Chile bajo vías administrativas acusando problemas de salud, a pesar de que había sido ratificada su posible extradición a España. Recordamos todos que al llegar a Chile se para de la silla de ruedas burlándose del gobierno chileno y a la comunidad internacional”.

Además agregó que “durante las trabas para conseguir culpables ante estos crímenes, conseguimos recién en la década del 2000, que se acojan de manera oportuna nuestras denuncias. A pesar de eso se avala la impunidad asignando penas irrisorias a crímenes repugnantes, donde posteriormente dan libertades condicionales, pasando por alto las normativas recalcadas por el Derecho Internacional”.

A continuación, se presenta una línea de tiempo con los principales casos de impunidad  en nuestro país:

Linea de tiempo sobre hechos emblemáticos de DDHH

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