Esperanza de viviendas versus desalojo en las comunas de Santiago

En el marco de las emblemáticas movilizaciones por una vivienda social digna, se interponen los avances a nivel de comunas en proyectos de urbanismo y el desalojo de campamentos en comunas de la capital.

Por: Joaquín Abud y Joaquín Quirland

 

Campamento Elena Pricinger: Desalojados y expulsados de la comuna.

El 24 de abril de este año en la comuna de San Bernardo se llevó a cabo el desalojo de la toma del campamento San Francisco, en un terreno propiedad del Ejército, tras un enfrentamiento entre las fuerzas especiales de Carabineros y las 27 familias que en su inicio vivían en el asentamiento.

Posteriormente, el campamento cambió de nombre por  el de Elena Pricinger, una de la víctimas de los incendios del desalojo anteriormente mencionado,al  cual llegaron un total de 81 familias. Tras un mes aproximadamente de la instalación del nuevo campamento, en el terreno de al frente al cual estaban en primer lugar, Carabineros llegó con una orden por parte de la municipalidad para que abandonaran el lugar.

Según la experiencia de personas que vieron y vivieron el desalojo, este fue caracterizado por las fuertes medidas represivas. Según María Teresa Bustos, quien no pertenecía al campamento pero vió los incidentes de muy cerca, dijo que “fue un desalojo muy forzado, muy violento”.

Ya en carne propia, el líder del campamento Elena Pricinger, Bryan Lastra, contó cómo se vivió en primera persona el desarrollo violento desahucio del terreno:

” Los vecinos de allá al fondo empezaron a apedrar y a pegarle palos a los niños”

Según el catastro realizado el 2016  de la organización Techo , en San Bernardo existen 5 campamentos. Más de 400 familias viven en ellos. La cifra podría aumentar. Año a año 2 mil familias se van a vivir a terrenos abandonados sin condiciones dignas, aunque la mayoría (79%) se establece en zonas urbanas.

A la fecha de hoy el campamento ha instaurado mesas de trabajo con el SERVIU y la municipalidad de San Bernardo. En primera instancia la propuesta de las autoridades es otorgarles un terreno en la comuna de La Pintana, lo que significa para ellos moverse y cambiar de locación.

Por su parte, en la comuna de Santiago, los vecinos del barrio 10 de julio, que  vienen organizándose desde hace cuatro años para obtener una solución que les permita seguir habitando su comuna y que no los obligue a migrar a la periferia como ocurre con los subsidios habitacionales. Es por esto que hoy, ya conformados en el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, buscan que el Estado y la Municipalidad de Santiago concreten un proyecto de viviendas sociales para los vecinos que habitan la comuna.

El día de hoy a las 12:30, La presidenta del comité, Valeria Bustos, se reunió con la asesora jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales para solucionar esta problemática. La junta concluyó con el acuerdo de formar mesas de trabajo para concretar los trámites burocráticos que impiden que se lleve a cabo el proyecto:

“Los tiempos de espera son eternos, promedio siete u ocho años. Nosotros creemos que, si están las voluntades políticas, en tres años podemos estar entrando con nuestras llaves”.

 

Con respecto a la solución que propone Santiago Multicolor,  Valeria Bustos mencionó lo siguiente:

“Siempre han habido terrenos, pero el estado se ha dedicado a venderlos a los privados. Uno se entera después que el terreno se vendió y aparecen tres o cuatro torres de 30 pisos”.

 

Luego de tener conversaciones con la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Bienes Nacionales, esta iniciativa de los vecinos del barrio 10 de julio se encuentra a solo un paso de lograr un acuerdo con las autoridades para la construcción de las viviendas sociales: la aprobación del Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg.

Patricio Herman, Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, asegura que el Ministerio de  Vivienda y Urbanismo, conforme a la aplicación del artículo N° 50 de la ley General de Urbanismo y Construcción “puede expropiar terrenos para otorgarlos al concepto de viviendas sociales. Sin embargo, no se hace por un tema de voluntad política”.

 

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