La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en movilizaciones del transporte público

Esta mañana fueron formalizados bajo el alero de la Ley de Seguridad del Estado cuatro de los taxistas detenidos tras las manifestaciones que bloquearon el acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. En 2002, los empresarios de las “micros amarillas” realizaron un paro en Santiago que detuvo a toda la capital. En ese entonces, el gobierno también invocó la Ley de Seguridad del Estado, y los principales dirigentes fueron condenados a tres años y un día de cárcel por atentar contra el libre desplazamiento de los ciudadanos.

El 12 de agosto de 2002, la paralización de micros convocada por los empresarios del gremio provocó el colapso de las vías más importantes de la capital. Gran parte de las 6 mil maquinas adscritas a la protesta bloquearon cerca de 50 intersecciones, generando atochamiento e impidiendo que millones de santiaguinos llegaran a sus lugares de trabajo o de estudio.

Eran las 4 de la mañana y todos en Santiago comenzaban a prepararse para lo que sería una jornada de tensión en la capital. En una acción coordinada, los empresarios de microbuses comenzaron a bloquear las principales intersecciones de la ciudad, y a pesar de las precauciones tomadas por el gobierno, la protesta paralizó a más de 6 mil maquinas, y al menos 800 detuvieron el tránsito, generando grandes congestiones que detuvieron el curso normal de la vida en la ciudad.

La molestia gremial estaba dirigida a los excesivos requisitos exigidos en la licitación de los buses para la reforma del transporte público, que luego sería conocida como Transantiago. Pero en la calle la gente no tenía muy claras las razones de la movilización. Ni la gente ni los empresarios y dueños de los microbuses sabían qué este momento anunciaba el final de las micros amarillas, y que esta paralización pasaría a la historia como una de las más importantes en la historia de Chile. Tampoco imaginaban que este episodio sería algo así como el epílogo de lo luego fue la difícil implementación del Transantiago.

Micros deteniendo el tránsito en la intersección de Av. Vespucio con Santa Rosa

Santiago quedó totalmente colapsado por el paro debido al bloqueo estratégico de sus principales arterias preparado por los microbuseros liderados por Manuel Navarrete, Orlando Panza, Marcel Antoine, Armando Huerta y Demetrio Marinakis. Sin embargo, según los dirigentes la manifestación era pacífica. Pero el detener el tráfico, impedir el funcionamiento de la ciudad y alterar el día laboral de los más de cuatro millones de santiaguinos que ocupaban la locomoción colectiva en esa época, las cosas no iban a ser fáciles. Temprano comenzaron los enfrentamientos entre los microbuseros y la policia, para luego sumarse los usuarios afectados, que alegaban en contra de los conductores.

Lo que hemos visto hoy es absolutamente inaceptable, por lo tanto, aplicaremos todo el rigor de la ley. Como Presidente de Chile, me debo a los 15 millones, y no voy a aceptar el chantaje de algunos pocos”, advirtió el Presidente Ricardo Lagos en la tarde del lunes 12, cuando la ciudad ya había padecido la primera jornada del bloqueo.

Las consecuencias de la movilización fueron nefastas para los dirigentes, ya que el Gobierno invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado en su contra y quedaron detenidos en la Penitenciaria de Santiago. Según comentó a La Tercera el decano de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, Juan Enrique Vargas, “la utilización de esta ley era resistida, ya que estaba muy asociada a la dictadura; sin embargo, en 2002, cuando la invocó el gobierno de Ricardo Lagos contra los micreros que paralizaron Santiago, se marcó un quiebre”.

El caso de los taxistas

Hoy, 15 años después de la famosa paralización de las micros amarillas, un escenario similar se vive con el conflicto de los taxistas y las protestas contra las “aplicaciones piratas”, como ellos le llaman a aplicaciones como Uber y Cabify. El lunes 4 de septiembre, 150 taxistas se manifestaron en las inmediaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde cortaron el tránsito y afectaron a mas de mil pasajeros de vuelos que intentaban salir o llegar al aeropuerto. Ese día fueron detenidas más de veinte personas, y un turista brasileño sufrió un paro cardio respiratorio, sin poder ser trasladado a urgencias por culpa del bloqueo en las vías de acceso, y teniendo que ser evacuado, demasiado tarde, por un helicóptero de Carabineros.

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“Parece que no aprendieron nada los taxistas. No aprendieron de la paralización de las micros amarillas que detuvo Santiago en 2002 y por la cual Lagos invocó, como ahora, la Ley de Seguridad del Estado”, reclamó Daniel Matamala en CNN Prime, sumándose al malestar ciudadano que no parecía empatizar con los taxistas.

En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó una querella contra quienes resultaran responsables del bloqueo al acceso al aeropuerto. “No ganaron ni clientes ni poder de presión, los taxistas más bien se echaron a la gente encima”, declaró Orrego. El gobierno invocó, al igual que en 2002, la Ley de Seguridad del Estado, señalando que los manifestantes causaron alteración del orden público y el normal funcionamiento del transporte público y privado.

Esta ley establece que cometen delitos contra el orden público “los que inciten, promuevan, destruyan, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones”. Las penas por este ilícito parten en 10 años, pudiendo llegar a 15 años.

Al igual que Ricardo Lagos en 2002, Claudio Orrego también reclamó que “lo que hemos visto hoy es inaceptable”. Sin embargo, las dimensiones de la paralización de los microbuses no son comparables con la de los taxistas. Ese lunes 12 de agosto de 2002, millones de personas llegaron tarde o faltaron a sus trabajos. El Metro aumentó sus pasajeros en un 42%, el ausentismo escolar llegó al 50% y se suspendieron las clases para el segundo día de movilización.

Los taxistas, a diferencia los micreros, intentaron minimizar los daños a la ciudadanía y decidieron bloquear los acceso al aeropuerto ya que según el vocero de la multigremial de los taxistas, Francisco Osorio “el efecto en el aeropuerto es mínimo, porque acá la esencia del traslado no es laboral, más que nada es turístico”.

Benedicto Castillo, periodista y autor del libro “La historia secreta del Transantiago”, cree que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado no se justifica para la movilización de los taxistas. “Entre los casos hay un mundo de diferencia. Los trastornos que generaron los taxistas no son comparables con los provocados por el paro de los microbuseros amarillos. Me parece que la medida aplicada es una exageración“.

Hoy fue la formalización de cuatro taxistas detenidos luego de las manifestaciones del 4 de septiembre. El 1º Juzgado de Garantía decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional durante los 120 días que dure la investigación. El juez, al finalizar la audiencia, entregó su parecer al respecto, señalando que no le parece que configure como Ley de Seguridad del Estado, por lo que no concedió al Ministerio ni la Intendencia la prisión preventiva de las cinco personas involucradas en la investigación. Una segunda formalización para otras cinco personas por los mismo delitos fue agendada para el 30 de octubre.

 

 

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